Paulino Rivero, presidente de Canarias, ha planteado una medida polémica: condicionar la adjudicación de obras y servicios públicos a que las empresas contraten a personas residentes que lleven más de seis meses inscritas en el Servicio Canario de Empleo. El mismo presidente lo ha definido así: "El trabajo, primero para la gente de aquí". Ha incluido la cláusula de contratación en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma. Su argumento principal se relaciona con la insularidad y el carácter periférico de su territorio, algo que también puede aplicarse a Menorca. El acceso al trabajo es un derecho universal y parece complicado imponerle condiciones geográficas. Sin embargo, la iniciativa de Rivero merece una reflexión. Los territorios insulares padecen un importante obstáculo en materia de movilidad, que se transforma en una mayor dificultad para encontrar empleo. El factor insular debería ser valorado de alguna forma en las contrataciones públicas. En la adjudicación de las obras y de los servicios de las administraciones, la residencia estable debería ser un factor a tener en cuenta. Eso afecta a la economía general y familiar. Conviene abrir el debate, como en Canarias.
Editorial
Empleo orientado a los residentes en la Isla