Cuando ya han transcurrido seis meses desde que la Fiscalía de Medio Ambiente paralizó las obras del dragado del puerto de Maó y acaba de tomar posesión el nuevo presidente de Autoridad Portuaria de Balears, la alcaldesa Águeda Reynés reclama decisiones y actuaciones.
Existe plena coincidencia en la necesidad de resolver el problema de la falta de calado que presenta el puerto mahonés, que dificulta las maniobras de los grandes buques. Pero la alarma social que suscitó el vertido de los fangos y lodos en las inmediaciones de la Isla del Aire, sustanciada en la denuncia del GOB, exigen respuestas. Estas obras no pueden seguir paralizadas de forma indefinida, máxime cuando se ve afectada la operatividad del puerto.
Corresponde a Autoridad Portuaria aportar alternativas y soluciones técnicas para garantizar la ejecución del proyecto sin provocar impacto en los ecosistemas marinos del litoral menorquín. Pero, al mismo tiempo, la Fiscalía no puede demorar su respuesta y mantener el veto una vez cuenta con todas las muestras recabadas.
El puerto de Maó necesita un gran revulsivo para recuperar su papel de motor y generador de actividad económica.