Si hiciéramos un ranking de las administraciones y organismos que generan más antipatía entre los menorquines la Autoridad Portuaria de Baleares ocuparía, muy a su pesar, un lugar destacado. Quizá no al nivel de la Agencia Tributaria, que cae mal por otros motivos, pero sí en el podio. No es algo personal, entiéndanme la reflexión. El ente ha criado esta fama en los últimos años por su actitud con los usuarios del puerto, el agravio en el reparto de inversiones, el fiasco de las concesiones de amarres basadas en cánones astronómicos, el ninguneo al Club Marítimo o el malogrado intento de dragado, por citar algunos ejemplos.
Tampoco se puede decir que el enfado con la Autoridad Portuaria tenga un trasfondo político, puesto que el Ayuntamiento de Maó le ha leído la cartilla antes con el PSOE y ahora con el PP. El Govern de Bauzá conoce perfectamente este malestar y ha decidido que no puede permitirse el lujo de llegar a las próximas elecciones sin al menos intentar resolver el problema. Por eso ha optado no solo por cambiar el capitán del barco sino también el rumbo de la travesía. Alberto Pons, nuevo presidente del ente, y Juan Carlos Plaza, en el puesto de director, tienen ante sí el reto de demostrar que se pueden gestionar los puertos de otra forma.
El primer toro que tendrán que lidiar en Maó es reactivar el dragado después del repaso que les da la Fiscalía de Medio Ambiente en su último pronunciamiento. Es cierto que la denuncia del GOB ha quedado archivada al no haberse producido un ilícito penal (algo lógico puesto que el vertido de lodos contaminados no se ha consumado) pero también lo es que obliga a repetir el proceso y exige que sea supervisado por un organismo científico para darle garantías. Será la tercera vez que lo intente. ¿Irá por fin la vencida?