Me gustaría, si no es mucho pedir, poder elegir entre ir a un hotel o alquilar un apartamento cuando llegue el día de irme de vacaciones. Y me gustaría, si no es una osadía por mi parte, poder escoger si quiero volar con Air Nostrum o Ryanair para ir a Madrid. Ya puestos, cuando esté por la Meseta, querría poder decidir si cojo una autopista de peaje o una carretera nacional, y no tener que pagar sí o sí las pérdidas que bancos y constructoras acumulan por haber invertido en unas vías ruinosas.
Pero se ve que pido demasiado. El Ministerio de Fomento se ha empeñado en marcar el rumbo de mis vacaciones y, no sé por qué, pero sospecho que no lo hace tanto por mi bien sino por agradar a ciertos grupos que le interesan más que yo.
El sultanato de Ana Pastor se estrenó este año decidiendo por mí que para volar de Menorca a Madrid en invierno había que hacerlo con Air Nostrum y, para evitar disidencias, expulsó a Ryanair de la ruta con una declaración de servicio público.
Puesto a velar por mi bienestar, también decidió que ya no podía alquilar un piso o un apartamento para pasar las vacaciones bajo el amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Decidió, con el aplauso de los hoteleros, que las comunidades autónomas regularían qué se puede alquilar o no a los turistas, y por lo visto en Balears eso excluye todo lo que no sea un chalé o un pareado. Pero no acaba aquí este virus intervencionista. Hace solo unos días veía que Fomento está dispuesto a rescatar de la quiebra a las autopistas de peaje por las que pasa menos gente que en el aeropuerto de Castellón. Casualmente, entre sus accionistas figuran ilustres nombres de la banca y el ladrillo.
En mi casa, cuando un negocio va mal se quiebra. Pero se ve que en algunos diccionarios se ha borrado esa palabra.