La contratación de dos profesores músicos, miembros de la junta local del PP de Ciutadella, para ocupar dos puestos de funcionarios administrativos en la Conselleria de Educación me ha descolocado. Lo que me ha sorprendido es la reacción de algunos miembros del PP, con actitud de personas ofendidas, como si fuera lo más normal que una delegada de Educación elija a los funcionarios que son miembros de su partido para ocupar unos puestos de trabajo. Es evidente que no es ilegal, sin embargo cuando estamos reclamando la aplicación de unos criterios éticos en los partidos políticos como administradores de la democracia esa actitud de colocar a los míos es, como mínimo, cuestionable. Y que hacerlo no provoque ni el más mínimo rubor, preocupante. Además, los dos contratados por la delegada posiblemente habrían conseguido la gestión de la Escola de Música de Ciutadella si no se hubieran equivocado al colocar un documento en un sobre que no correspondía. Demasiadas coincidencias como para mirar hacia otro lado.
El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, «Ley Montoro», prevé que incluso los directores insulares del Consell, ahora casi todos personal de confianza, sean funcionarios de carrera. El objetivo, profesionalizar la gestión:el político dirige y marca los criterios y el funcionario técnico le ayuda a desarrollar sus planes. La perversión del sistema será si los responsables políticos pretenden rodearse de funcionarios «de confianza» o incluso funcionarios militantes de su partido. Y que cuando se produzca un cambio de gobierno se sustituya toda la estructura de funcionarios-técnicos por otros más afines al partido que asume la gestión.
Hay que renovar las ideas. «Hacer» política no es acentuar lo que nos diferencia de los otros, sino hoy más que nunca, ver lo que nos une. Separar lo que es «el partido» de lo que es la institución es necesario y saludable.