A punto de acabar ya el año, el Gobierno parece que ha acelerado sus planes para privatizar la red de aeropuertos españoles y los sindicatos han comenzado su campaña para informar a la opinión pública de lo negativo de esta decisión. Y es que aseguran que romper el modelo actual nos va a costar dinero si, desmembrado el conjunto de esta infraestuctura y con el negocio como único objetivo, se incrementan las tasas de los aeródromos. Una posibilidad, y una venta -de hasta el 60 por ciento del capital del ente gestor, según ha avalado el Consejo Consultivo de Privatizaciones-, que entra en contradicción con el anuncio de Fomento de aplicar, en 2014, descuentos en las tasas a las compañías que ayuden a aumentar el tráfico aéreo. ¿Cómo se podrán conjugar esos incentivos públicos, pagados por todos, con una red privatizada?
Por otro lado, las primeras informaciones apuntan a que los aeropuertos se venderían en realidad a precio de saldo, ya que el Estado podría llegar a ingresar como máximo 3.000 millones de euros, cuando AENA recientemente pagó 504 millones por el aeropuerto de Luton y solo en las instalaciones de Balears se han invertido casi mil millones en una década.
No faltan interpretaciones que ven en la operación un freno a las reclamaciones segregacionistas de territorios como Cataluña y, por supuesto, en el nuevo escenario no habría lugar para la cogestión aeroportuaria que han reclamado comunidades como Balears, una posibilidad ésta última también desintegradora. Así las cosas, lo único cierto es que nos jugamos el buen funcionamiento y la paz social en una infraestructura estratégica para el Estado y en especial para las Islas, porque dependen del transporte aéreo y porque éste es vital para el turismo y la economía.