Le conocen por Cesgarden pero realmente se llama «29 millones», la cantidad que el Consell paga por no permitir hace trece años la construcción de un hotel de 5 estrellas en Son Bou. Es el «Gordo».
Responsables de este «error» que atenaza la economía del Consell los hay, aunque escurran el bulto y hagan el sueco en Palma o planteen propuestas exentas de memoria histórica. Joana Barceló, como presidenta del Consell, y, después, Marc Pons, pudieron paliar el penoso resultado de la indemnización multimillonaria. El abogado Luciano Parejo descartó algo tan básico como presentar un peritaje alternativo para que el juez no aceptara el de la parte demandante. No hacerlo no es solo una irresponsabilidad técnica. Alguien debió hablar de ello.
La gestión política no se concentra en el reparto de medallas. No se trata de mirarse al espejo para ver lo guapo que es el PTI, sino saber ver un error y tomar medidas para subsanarlo. La protección del territorio es un objetivo loable pero no es un paraguas que evite mojarse en todas las tormentas. Una de las cuestiones que está pendiente de explicación es por qué en 2006 cuando el Consell firmó una serie de convenios para evitar indemnizaciones, es decir realizó una gestión urbanística práctica, modificando de hecho el PTI, no se logró un acuerdo con Cesgarden.
Ahora el Consell paga las consecuencias de ese «error». El equipo de gobierno dispone de un informe que le plantea varias opciones, complicadas ciertamente, pero que ponen sobre la mesa un posible recurso de revisión de la sentencia. Para ello hay que investigar y, de nuevo, gestionar con inteligencia.
Una de las ideas es encargar un peritaje profesional para comprobar si es verosimil que la reducción de 128 plazas hoteleras del proyecto de Son Bou genere un derecho de indemnización de 29 millones de euros. A mi me cuesta aceptar que sea mejor negocio acudir al juzgado que gestionar un hotel.