Con datos, seriedad y muchas horas de trabajo, dos entidades ecologistas han demostrado que la sociedad civil puede cambiar las cosas cuando la administración actúa de forma abusona, chapucera y, a veces, simplemente renuncia a su obligación de defender el interés general.
De no haber sido por la labor del GOB y Oceana en las costas de Menorca ya se habría producido hace años un vertido de lodos contaminados por metales pesados en base a informes ambientales equivocados, sin ninguna supervisión científica ni explicaciones de lo que se iba hacer.
Es probable que el vertido, al final, se produzca. Pero gracias a la denuncia presentada por el GOB ante la Fiscalía habrá un organismo como el Instituto Español de Oceanografía que controle dónde y cómo se hace. Al igual que gracias al GOB supimos en su día que los informes oficiales que amparaban el dragado tenían inadmisibles errores de cálculos y sospechosas omisiones.
También ha sido esencial en todo este proceso la contribución de Oceana. De no ser por sus imágenes no habríamos visto que la zona supuestamente deteriorada donde se iban a verter lo fangos era, en realidad, un ecosistema recuperado en el que habitan 260 especies, algunas de ellas protegidas.
Oceana ha dado un paso ahora más al divulgar un análisis de la Univesitat de Barcelona donde se constata que la contaminación por mercurio ya supera los niveles máximos permitidos en la mayoría de ejemplares de rape ycap roigcapturados en la zona de Maó a lo largo de tres meses. Eso sin que se haya producido todavía el dragado. Informar no es alarmar. Lo alarmante es que algunos estén más interesados en criticar que se haya dado a conocer el informe que en actuar para corregir esta situación. Dragado sí, pero con garantías. ¿Es mucho pedir?