Está a punto de iniciarse una de las obras públicas más importantes de los últimos años: la reforma de la carretera general.
Mientras las máquinas están a punto de irrumpir en el tramo de Maó a Alaior, se aprueban las modificaciones de Ciutadella a Ferreries y se prepara la última fase en el centro. Unos 30 millones de inversión para que la principal vía de la Isla mejore sus condiciones. Se mantiene viva la protesta en contra del proyecto. Es una lástima que no haya sido posible llegar a acuerdos. La intención de conseguirlos ha sido débil. Los recursos judiciales han avalado la gestión del Consell y han cargado las costas al GOB. Eso hace que insistir en la vía judicial suponga un riesgo económico para los opositores. Queda por ver si se llega a la acción directa para parar las máquinas, como han propuesto algunos.
El volumen de la legítima protesta contra las rotondas ha sido excesivo. Se trata de una reforma de la principal carretera (no de un paraje natural), que descarta para el futuro las pretensiones de desdoblamientos y autovías, cuyo mayor impacto paisajístico es la anchura de la nueva calzada y no las rotondas soterradas, después de la reducción de sus dimensiones. Creo que la reforma cumple con los criterios de la sostenibilidad. Se ajusta a las necesidades de una Isla que, aunque sean solo dos meses, debe responder a las exigencias de calidad como destino turístico.
Pero lo más importante es la seguridad. Nadie puede asegurar que los giros a la izquierda en una carretera con un tránsito diario de 14.000 vehículos no representan un riesgo. La Dirección General de Tráfico acaba de advertir que este año el 82 por ciento de los fallecidos ha sido en carreteras convencionales.
Si no es posible pulir un acuerdo sobre las rotondas, es hora de iniciar las obras y cumplir los plazos para no perder la inversión.