La privatización y subcontratación a empresas privadas de tareas que caían normalmente en el ámbito del gobierno de las naciones es una practica que se extiende en las naciones llamadas democráticas. Los argumentos a su favor son bien conocidos. Primero, la industria privada es más eficaz en llevar a cabo las tareas. En segundo lugar, la competitividad entre diferentes compañías baja los precios. Por tanto habrá reducción en costes.
A primera vista parece que los argumentos tienen sentido, pero las cosas no están tan claras cuando se las mira con detalle. Las funciones que hay que realizar son las mismas tanto si es el gobierno como una compañía privada quien se ocupa de ello. Pero una compañía privada tiene que sacar encima beneficios.
¿En dónde está pues el aumento de eficacia? A lo mejor se pueden cortar empleos, pero en general eso no representará mucho, a menos que se corten servicios. Lo que si puede pasar en la práctica es que se corten sueldos de los trabajadores. Por otra parte, además de los beneficios que las empresas privadas tienen que tener, están los sueldos de los directivos que cada vez están más fuera de proporción.
En cuanto la competitividad, palabra que suena bien, en muchos casos es ficticia ya que en general son unas pocas compañías las que se distribuyen los contratos del Estado. Al final cuando se revisan los resultados de las privatizaciones lo que suele resultar es un empobrecimiento de los servicios y un aumento de costes.
En EEUU hay muchos ejemplos de las malas consecuencias de estas prácticas. Por ejemplo, en 2008 Nueva York apostó por la industria privada para llevar la nómina de los empleados de la ciudad. Se estimaba que el sistema costaría uno 68 millones de dólares, después de unos años el coste ha subido a 700 millones.
Las compañías contratantes se embolsaron millones. La corrupción se extendió a varios niveles. Ahora tres empleados de la compañía Science Applications International han sido condenados a 20 años de cárcel cada uno y la compañía se ha comprometido a devolver 500 millones de dólares. La única parte buena de la historia es que los corruptos han pagado, esto no pasa en todas partes como bien sabemos.
Pero donde puede que hayamos llegado al límite de locura en privatizaciones ha sido en el caso de las cárceles. En EEUU la administración de las cárceles cae en muchos casos dentro de las responsabilidades de los diferentes estados. Solo algunos estados han optado por la privatización de las cárceles. En un análisis reciente, National Public Radio ha expuesto la multitud de fallos del llamado negocio de cárceles.
En primer lugar, el sistema ha fallado en proveer los servicios adecuados. Desde el año 2000, ha habido nueve revueltas graves en estas cárceles como protesta por las condiciones de los presos, cosa que no ha ocurrido en cárceles administradas por el Estado. Como consecuencia, 25 presos han muerto y las protestas por mal tratamiento y carencia de cuidados médicos continúan. Tres de las cárceles para menores han tenido que cerrarse al descubrirse múltiples casos de abusos sexuales. Lo mismo paso a una cárcel de mujeres.
En el análisis de NPR, basado en 40 estudios independientes, se menciona que no se ha encontrado ninguna disminución de costes y que las estimaciones de los costes por las compañías privadas usaban métodos no fiables.
Lo que es aún más sorprendente es que los estados se comprometen en llenar las camas de las cárceles por encima de un porcentaje mínimo, que en muchos casos es del 90 por ciento. Si no lo cumplen, tienen que compensar a las empresas que administran la cárcel. Así recientemente el Estado de Arizona ha tenido que pagar 3 millones de dólares a la compañía Management & Training Corporation por no haber cumplido la cuota. Después de ver estas condiciones nadie se sorprenderá al comprobar que el porcentaje de presos por habitante es mayor en los estados con cárceles privatizadas.
Con la afición que tiene muchos políticos en nuestro país de importar ideas fallidas de EEUU, confiemos que a ninguno se le ocurrirá importar esta última.