Mariano Rajoy quiere cambiar la Ley Electoral para permitir la elección directa de los alcaldes. Aunque no ha explicado su propuesta con detalle, solo la ha insinuado para alentar el debate en agosto, plantea que el partido que consiga en las elecciones locales un 40 por ciento de los votos y sea el más votado su candidato será alcalde de forma directa y así se evitarán las acuerdos de partidos con menos votos y que sin embargo han podido «robar» alguna alcaldía, principalmente al PP. Además del alcalde directo, el 40 por ciento permitiría disponer de la mitad de los concejales.
La propuesta me parece una rebaja en una democracia que con demasiada facilidad se pone de oferta. Que gobierne el alcalde más votado suena bien, pero el problema es que el 40 por ciento de los votos con una participación del 65 por ciento, puede significar que uno sea alcalde con el apoyo de solo uno de cada cuatro ciudadanos de su municipio. Por tanto, de una forma u otra, sigue siendo un juego de minorías.
Pensando bien, el objetivo de Rajoy podría ser asegurar una mínima estabilidad institucional cuando los opciones alternativas como Podemos se abren paso, ya no en la calle, sino a través de las urnas. Coaliciones con Podemos y anti PP podrían ser una norma y no una excepción. Pensando mal, es una forma de que este partido, como el PSOE o CiU y PNV, incluso Bildu, en sus autonomías, se aseguren numerosos alcaldías.
Los cambios legislativos deberían responder a la transformación de la sociedad y no ser un instrumento para aplicar reformas con intereses concretos. Si hay que elegir alcalde directo habría que facilitar la presentación de candidatos, que nazcan fuera de los partidos y que éstos incluso puedan apoyar a alguno de ellos. Si hay que transformar el sistema electoral, no nos quedemos a medias. Y no lo hagamos en defensa propia, me refiero a la de los grandes partidos.