Para evitar que la gente con mucho dinero intente esconderlo, en Suiza o debajo de una baldosa, y tribute en España, el Gobierno parece verse abocado a una doble moral «por interés general». Por una parte, ante la opinión pública criminaliza a los grandes defraudadores, mientras, por otra, ofrece una amnistía fiscal con unas buenas condiciones, un acuerdo comercial, vaya. Porque incluso la vicepresidenta ha reconocido que se trata de una amnistía y no de una regularización, otro de los aburridos eufemismos a los que nos tienen acostumbrados los que dicen siempre la verdad a medias.
El Gobierno presume del incremento de la recaudación durante un periodo de crisis. Es un mérito, sin duda. Más inspectores han puesto la lupa sobre todos los ciudadanos para no perder la más mínima oportunidad de cobro de las deudas, más los intereses, de tramitar los embargos. Ejercen una extorsión legal, con una mano, la dura, mientras con la otra firman acuerdos comerciales con quienes han guardado el dinero a la espera de una buena oportunidad. Esta es la justicia fiscal, que no es lo mismo que social.
Por eso me alegra que una joven en paro, a la que el Ministerio de Fomento le reclamó la devolución de la ayuda al alquiler (el curioso invento de Zapatero para que los jóvenes se emanciparan), haya conseguido vencer en los tribunales y doblegar a la administración. Hacienda iba a cobrar la deuda embargando su cuenta. Asustada, pidió el dinero prestado, más de 2.500 euros, y devolvió las subvenciones que había percibido. «Nunca más volveré a pedir una ayuda a la administración», declaraba. Su situación es la misma que la de 800 jóvenes de Balears que habrán devuelto ya una parte de las ayudas a las que un día creyeron que tenían derecho.
Ellos, con muchos menos recursos, incluso algunos en el paro, también agradecerían una amnistía. Pero, claro, para ser escuchados deben cumplir dos condiciones: tener un montón grande de pasta y que esté bien escondida.