Cerramos la semana con todas las dudas instaladas sobre la candidatura conjunta al Senado -que pudo ser y no será- gestada en silencio y con ilusión por los dirigentes más cualificados de Més per Menorca, Podemos y Esquerra de Menorca.
La candidata posible, Marga Benejam, que ejerció como periodista y desde el 2000 desempeña la gerencia del Fons Menorquí de Cooperació, había aceptado, pero ayer, al constatar que la ruptura con Podemos era irreversible anunció su renuncia.
El jueves los mensajes eran contradictorios porque no estaba todo atado. En el partido de los círculos reclamaban más datos sobre «quiénes son estos señores de Més per Menorca», exactamente igual que cuando Francina Armengol intentaba explicar a Pedro Sánchez que iba a formar gobierno en Balears con Més per Mallorca, y el secretario general del PSOE mostraba su inquietud e interrogantes sobre una coalición cuya existencia desconocía.
Con esta historia lo único que ha quedado claro es que las decisiones de Podemos, que puedan afectar la estrategia electoral de Pablo Iglesias, diseñada exclusivamente en clave estatal, se adoptan en Palma y en Madrid. Después de lo ocurrido en las elecciones catalanas, la dirección de Podemos presenta urticaria a todo lo que se asocie a nacionalismo... el ADN de Més per Menorca.
La cada vez más intensa incertidumbre que destilaban los mensajes de Podemos en la noche del jueves motivaron que, en un ejercicio de prudente responsabilidad, titulásemos que «Marga Benejam será, salvo sorpresa, la candidata de la coalición de la izquierda». Las negociaciones estaban atascadas, como admitió, horas antes, una apesadumbrada Mae de la Concha, secretaria general de Podemos-Menorca.
24 horas después, en la noche del viernes, cuando iba a finalizar el plazo para formar las coaliciones con las que concurrir a los comicios del 20-D, saltó la sorpresa. Ardían los whatsapps y comunicaban los móviles. Porque desde Madrid llegó la orden final, que descolocó a todos: la coalición para el Senado formada por Més, Podemos y Esquerra de Menorca no ha sido autorizada. Entre otras cuestiones, porque la candidatura debía identificarse con Podemos, no con Som Menorca; el nombre pactado aquí, dinamitado fuera. La vicepresidenta del Consell, Cristina Gómez, que sintoniza más con Maite Salord que Javier Ares, aún no acierta a comprender por qué ha sido posible este acuerdo.
Palatchi y la Maxi
Todo ocurre la misma semana en la que el vicepresidente del Govern y conseller de Turisme, Biel Barceló, compara la ecotasa con las propinas en Londres: «Con las propinas de un día en la capital inglesa se puede pagar una semana de ecotasa», y el Consell difunde que «los armadores han decidido aplazar la tercera edición de la Menorca Maxi».
Esta regata fue el resultado del 'proyecto embajadores' impulsado por el anterior gobierno del Consell y las gestiones de la consellera Salomé Cabrera, hoy en la oposición, con el empresario Alberto Palatchi. ¿Habrá Menorca Maxi en 2017?, esta es la pregunta.
Predicar y dar trigo
Cuando aún resuenan en la sala de las cariátides el Parlament -pleno del 15 de marzo de este año, penúltimo de la anterior legislatura- las muy indignadas palabras de Marc Pons, con referencia incluida a Josep M. Vidal Hernández: «Menorca és una illa a la mesura de l'home», no hallamos en el proyecto de presupuestos autonómicos del 2016 la partida que destinará el Govern del que forma parte el conseller Pons al Consell de Menorca para pagar la 'sentencia Cesgarden'.
Hace ocho meses en los bancos de la oposición, y hoy sentado cada viernes junto a la presidenta Armengol en torno a la mesa del Consell de Govern, el conseller portavoz del Ejecutivo debería demostrar, por coherencia, la misma vehemencia y espíritu crítico. «Con la sentencia Cesgarden -proclamaba Marc Pons- no hay solo en juego la gravosa factura económica que pesa sobre el Consell y las consecuencias que tendrá para las arcas insulares. També esta en juego un modelo territorial, una fórmula válida para la preservación de los recursos naturales de Menorca y el valor de nuestro paisaje».
Porque no es lo mismo predicar que dar trigo. Ocho meses después, ni el Govern ni el Consell invocan el caso ses Covetes i es Trenc de Mallorca, en alusión a los 68 chalés construidos en este espacio natural cuya demolición ordenó el Tribunal Superior. En el pleno del 15 de marzo exigía Marc Pons al Govern (del PP) que ayudase a nuestro Consell a pagar la onerosa sentencia 338/2011 porque «ha concedit ajudes per fer front a gravoses sentències judicials, com ara la de ses Covetes al municipi de Campos, on el Govern de les Illes Balears abonà íntegrament una sentència condemnatòria que requeia sobre l'ajuntament». Mansa, la vicepresidenta del Consell, Cristina Gómez, alude ahora a las novedades procesales y se justifica, para eludir la exigencia, en un «cambio de escenario que ha rebajado la presión inicial para que el Govern ayudara a pagar la sentencia millonaria que pesa sobre el Consell de Menorca».
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Se llegará algún día a conocer la relación de funcionarios-políticos de Menorca beneficiados con el plus salarial del 'nivel 33'?
¿Cuándo decidió la junta directiva de Ashome no acudir este año, como asociación profesional, a la World Travel Market?
¿Cómo convenció Francisco Tutzó a Isidre Fainé para que aceptase participar en una sesión con los socios del Cercle d'Economia?
¿Qué criterios se aplicarán mientras el Consell no apruebe -en 2017, según anuncia- el nuevo reglamento de alquiler turístico?