Al manifestar el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Gabriel Barceló, que está dispuesto a revisar todo el anteproyecto de la futura ley que regulará el alquiler de la vivienda turística vacacional en Balears, admite que será imposible contentar a todos y que el borrador ya nace muerto.
Reabre Barceló un debate que nunca se ha cerrado por las discrepancias -léase intereses- de los sectores antagónicos. La primera cuestión consiste en la legalización de las casas y los pisos que hoy ya se alquilan con uso turístico. Pero, ¿cómo soslayar los preceptos de Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal?, cuando una norma autonómica debe supeditarse a una de rango estatal, y no al revés. El segundo foco de controversia son las viviendas plurifamiliares: ¿es legal que las comunidades de vecinos puedan vetar este alquiler y limitar los usos? y ¿se convertirán las asambleas de vecinos en una disputa que enfrentará a unos propietarios de pisos con otros?
Pime-Menorca, que reclama desde hace años la ordenación de esta actividad, rechaza la propuesta del Govern por restrictiva y falta de garantías jurídicas: «volvemos a la casilla de salida y no motiva la inversión», concluye esta federación, en la que está integrada la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca (Viturme). María García, secretaria general de Pime, advierte que las autorizaciones tendrán vigencia para sólo cinco años, y que transcurrido este plazo habrá que volver a tramitar los permisos.
Nada será fácil, porque corresponderá al Consell fijar un cupo límite de viviendas, pero aún no ha calculado el número. Y la institución insular necesitará un informe favorable de cada ayuntamiento para legalizar los pisos turísticos. Todo sigue en el aire, con la pelota que el Govern quiere poner sobre el tejado de los alcaldes. Una nueva edición de la vieja historia del conde de Romanones, la ley y el reglamento: «ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento». Continuará.
Vidal, reubicado
Hay que interpretar el críptico lenguaje administrativo de las anodinas notas de prensa para hallar la noticia. El comunicado del Consell sobre la reunión celebrada el viernes por el patronato de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca dedica cuatro líneas, cuatro, a explicar el «cambio en la organización de la fundación». Una reorganización para «optimizar los recursos humanos con los que se cuenta actualmente». Esta decisión implica la «reubicación» del técnico que hasta ahora desarrollaba las funciones de gerencia a su lugar de técnico.
Relectura del comunicado y significado de «reubicación»: David Vidal, que ejerce como técnico desde enero de 2005 y que a partir de octubre de 2014 desempeñó responsabilidades de director-gerente de la fundación es relevado por un político, el director insular de Promoción Turística, Isaac Olives, cuestionado por las asociaciones del sector, que prefieren hablar con Vidal, con el que comparten trayectoria, estrategia y experiencia. El personal de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, que ha asistido, atónito, a varios momentos de tensión, aguarda con gran expectación las próximas decisiones de Isaac Olives.
Las «deixalleries»
Los alcaldes de Es Mercadal y Alaior, Francesc Ametller y Misericordia Sugrañes, ambos con experiencia y conocimiento de la gestión municipal, fueron los primeros que manifestaron su desacuerdo con el incremento de costes de las «deixalleries». Un aumento del 281 por ciento, al pasar de los 401.783 euros de 2015 a 1.129.259 euros, con un ampliación de los horarios en un 39 por ciento y la entrada de Es Castell (79.185 euros).
En la reunión monográfica de presidentes de corporaciones locales (alcaldes y Consell) celebrada el miércoles en Es Mercadal, convocada por Maite Salord con carácter urgente y extraordinario, no fue aprobada la propuesta que, según el conseller Javier Ares, había sido redactada a partir de «un listado de mejoras y necesidades planteado por cada municipio». Pero los alcaldes no consideran necesaria la deixalleria móvil, tanto por su elevado precio (77.000 euros) como los costes de personal y se pronuncian a favor de mantener el canon -suprimido en la propuesta- que pagan las empresas por la utilización del servicio, al considerar que su eliminación provocará un 'efecto llamada'.
El alcalde de Ferreries, Josep Carreres lo resumió con acierto: «una cosa es hacer la carta a los Reyes Magos y la otra es que traigan todos los regalos», porque, como añadió Emilio Agis, teniente de alcalde de Hacienda de Alaior, «los regalos también hay que comprarlos; los costes de esta propuesta son excesivos y las mejoras deben ser asumibles por las arcas municipales, o sea por todos los ciudadanos, que son quienes pagan». En febrero continuarán el debate.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Coordinarán el Govern y el Consell las convocatorias de las becas universitarias que dan a los estudiantes?
¿Cuándo se pronunciará Podemos-Menorca sobre el expediente y la expulsión de la diputada Montse Seijas?
¿Qué resultado obtendrá la campaña contra la ampliación del parque fotovoltaico de Son Salomó promovida por los Amics de Punta Nati?
¿Cuántas empresas optarán al concurso del Consorcio del Museo Militar de Menorca para gestionar la fortaleza de La Mola?
¿Qué medidas aplicará el Ministerio de Fomento para evitar el fraude en el descuento de residente sin afectar a los viajes de los grupos?