Hace un año la información de portada ponía el acento en que el conflicto de los hortals en Menorca persiste tras doce años de vigencia del Plan Territorial Insular y la moratoria de la Ley del Suelo aprobada por el anterior Govern. Una situación irregular que, doce meses después, sigue exactamente igual, donde conviven la legalidad con las infracciones.
Un rompecabezas jurídico, normativo, urbanístico y administrativo, con propietarios de viviendas que han acatado las prescripciones del planeamiento, otros que han vulnerado la ley y tras construir en suelo rústico han conseguido legalizar su vivienda y un tercer grupo que se mantiene en la infracción.
Un total de 150 edificaciones se acogieron en Menorca a la moratoria del anterior Ejecutivo autonómico, lo que permitió regularizar estos casos, pero la gran mayoría aún aguardan la vía de los planes especiales que había previsto el PTI aprobado por PSOE, PSM y EM en 2003. Durante estos catorce años tenían que haberse redactado, tramitado y aprobado 29 planes para ordenar los núcleos de hortals que han surgido en el paisaje rural de la Isla, pero solo Es Camp Sarc cuenta con este plan. Los otros 28 núcleos continúan esperando, atascados por la burocracia, la negligencia y la ineficacia de las administraciones.
El municipio con mayor número de hortals, también el de mayor población y superficie territorial de Menorca, es Ciutadella, donde el listado acumula más de 2.000 viviendas construidas irregularmente en suelo rústico. Arrancamos el 2017 con la revisión del Plan General de este municipio en marcha, y una Norma Territorial aprobada por el anterior Consell, paralizada por el actual gobierno tripartito, pero sin que aún se conozcan los artículos que serán amnistiados y cuáles serán derogados. ¿Y los hortals, para cuándo?