Funciona!!!, decía un spot televisivo en los 80, que ahora podría ser atribuible a aquellas personas marcadas por la desesperación que recurren a los encierros en sedes públicas, bancos o multinacionales como medida drástica en defensa de intereses y derechos cercenados.
El abuso de las entidades bancarias, los atropellos que sufren a diario miles de contribuyentes por simples errores, en ocasiones, o por injusticias directas en las que incurren las compañías de teléfono, las energéticas o las aseguradoras, entre otras, topan a veces con la determinación radical de los más atrevidos, producto de su desesperación o su descaro.
Son aquellas personas, normalmente apoyadas por asociaciones creadas para combatir este tipo de situaciones límite, las que desafían al poder plantándose a sus puertas o en el interior de sus edificios para forzar respuestas, sabedores de que es el camino más rápido para llegar a la opinión pública y presionar a los políticos. «Protesto, me encierro y no me muevo de aquí hasta que no me deis una solución», es su amenaza.
Y, a la vista está, que por lo general obtienen algún tipo de respuesta positiva. En Menorca lo ha sufrido, incluso, hasta el gobierno de izquierdas en el Consell Insular que, posiblemente, nunca habría pensado tener que gestionar esta clase de manifestaciones propias de colectivos supuestamente afines a sus políticas sociales.
El ejemplo más reciente ha sido el de la activista Raquel Monreal, experta en estas prácticas, que el lunes volvió a encerrarse en la sede de una subcontrata de Endesa hasta que le reactivaron el suministro eléctrico interrumpido tras una cadena de errores de la propia compañía.
La apuesta por las soluciones pactadas a partir de un planteamiento más cívico debería ser la constante contra la moda de la alteración del orden público. Lo ideal, en todo caso, sería que los responsables evitaran la desesperación del ciudadano.