Esta semana hemos vivido dos hechos insólitos en el Parlament.
Por primera vez en la historia de esta institución, su presidente -que milita en Podemos- desalojó la sala de plenos el público y los medios de comunicación cuando iba a debatirse una moción del PP sobre la política de transparencia. También hemos asistido al intento del PSOE de forzar la comparecencia de una diputada de la oposición con el objetivo de explicar un acuerdo municipal que había sido aprobado en mayo de 2016.
En el primer caso, Baltasar Picornell evidencia su bisoñez e inexperiencia. Ningún otro presidente del Parlament se había atrevido a tanto ni había efectuado la ridícula interpretación del reglamento realizada por el diputado de Podemos que relevó a Xelo Huertas. El resultado ha sido el enfado de todos los grupos y que la moción -que reclamaba la destitución del director general del IBSalut, Juli Fuster, pareja de la consellera de Salut, Patricia Gómez- no llegó a debatirse.
No ha prosperado tampoco la maniobra del PSOE para que la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, tuviera que comparecer por una licencia de obras que ya ha suscitado amplia controversia.
Al votar en contra y rechazar esta espúria comparencia, Més per Mallorca, el PI y Gent per Formentera enmiendan la plana al PSOE, a Més per Menorca y a Podemos. No es una cuestión de derechas o izquierdas, sino de acotar el debate en cada ámbito: municipal o parlamentario. Recuperan la dignidad institucional con el mensaje de que no todo vale en política para erosionar al adversario.
Porque corresponde al Parlament ejercer el control del Govern, no hacer de oposición a la oposición.
Por cierto, la primera noticia sobre la candidatura de Coya Sugrañes a la presidencia del PP-Menorca apareció publicada en el Pont i Cova del 29 de enero. Después ya vino todo lo demás.