Al dimitir y provocar, en abril de 2016, la primera crisis en el Govern del Pacte, la consellera de Cultura, Esperança Camps, afirmó que «se ha roto la confianza» y acusó de «deslealtad e hipocresía» a los altos cargos de su departamento. Al mes siguiente, en mayo de 2016, Ruth Mateu -menorquina afiliada a Més per Mallorca, formación por la que hoy sigue como concejal de Andratx- encargó a Jaume Garau un estudio para valorar el impacto económico de las actividades culturales. Y tres meses después, en julio de 2016, la misma consellera adjudicó a Garau otro estudio. En este caso, sobre el público que acude a los conciertos de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears. En ambos casos, la fórmula utilizada consistió en el contrato menor, dotado cada uno de ellos con 21.500 euros.
En conjunto, Jaume Garau, que fue el director de la campaña electoral de Més per Mallorca, ha ingresado 154.00 euros gracias a los seis contratos a dedo -o sea, sin concurso público- aprobados por las instituciones gobernadas por Més: dos de la conselleria de Turismo, que dirige Biel Barceló (tejido empresarial de las islas y barómetro de satisfacción turística); uno de la Conselleria de Medio Ambiente (ejecución del Plan de Desarrollo Rural); las dos adjudicaciones firmadas por Ruth Mateu; y una contrata del Ayuntamiento de Palma, que otorgó el departamento de Urbanismo, dirigido por el primer teniente de alcalde y futuro alcalde, Antoni Noguera. Tras ser pillado, Biel Barceló ha admitido que contratar a dedo «no fue lo más correcto».
Ha conseguido irritar a los partidos del Pacte y movilizar a la oposición, que denuncia la «vulneración del código ético del Govern». La exconsellera Esperança Camps tiene una magnífica oportunidad para explicar cuál era su criterio sobre estos contratos tan generosos.