Las inercias y los silencios se acaban transformando en usos y costumbres, también en la gestión del puerto de Maó, donde actúan al mismo tiempo diferentes administraciones públicas -con una extraordinaria concurrencia de competencias- y las iniciativas privadas. Un ejemplo evidente de este largo statu quo que, como las aguas remansadas en un estanque, necesita una piedra para ser removido, son los amarres-taller.
Nos referimos a aquellos atraques que necesitan las empresas del sector náutico para llevar a cabo las tareas de reparación, limpieza, mejora y adecentamiento de una embarcación. Estos amarres, que cuentan con un plazo para ser destinado al uso específico de taller, se van eternizando y consolidando. Y así pasan los años. Esta es una de las cuestiones que tiene sobre la mesa el presidente de Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual de Torrella, que, procedente de la Cámara de Comercio de Mallorca, fue elegido por Francina Armengol para pilotar durante esta legislatura los cinco puertos de titularidad en Balears. Gual de Torrella, culto, trato afable y con experiencia en la empresa privada, no es hombre acostumbrado a tirar piedras, pero sí a afrontar los problemas y a buscar soluciones. Sabe que el tráfico de mercancías y ferries no es la opción más rentable para Maó y apuesta por la convivencia complementaria con el nuevo puerto de Ciutadella.
Las actuaciones, para Maó, incluyen el impulso definitivo como puerto turístico, también con una zona industrial y de servicios (varadero), la reordenación de los amarres -aquí es donde se actuará en los amarres taller-, y el gran proyecto de Cala Figuera, en proceso de definición cada vez más avanzado. Lluís Camps, alcalde de Es Castell, ha batallado duro con Autoritat Portuària para conseguir intervenciones de consolidación del acantilado y criterios claros que permitan solucionar el deterioro de la zona Rocamar- Miramar (El Fonduco).
Porque el problema del puerto de Maó durante estos años no ha sido Jesús Fernández-Reyes, quien ha desempeñado el cargo con lealtad y ha actuado con firmeza cuando ha sido necesario, sino aquellos que, al amparo de las inercias y los silencios, se han aprovechado de unos usos y costumbres que pronto acabarán. Se lanza la primera piedra en el estanque, perdón, en el puerto.
La solución, el martes
Hemos pasado de «El Govern pide responsabilidad para desatascar la ley de alquiler turístico» a «Podemos mantiene de momento su 'no' a la ley sobre el alquiler turístico», «El Govern y Podemos redoblan el pulso por la ley del alquiler turístico» y «El Govern eleva las sanciones a las plataformas con oferta ilegal pero aún no convence a Podemos, que exige prohibiciones en Palma y Eivissa». Incertidumbre.
La solución, el martes en el Parlament cuando se someterá a votación el proyecto de ley del alquiler turístico vacacional en Balears. Pero no acaba aquí, porque después vendrá la zonificación. Las discrepancias persisten en torno a la posible prohibición del alquiler turístico en el centro de Palma y en Eivissa. Una alternativa que gana peso consiste en que vuelva a entrar en vigor la Ley Delgado, aprobada por el PP en la anterior legislatura, que prohÍbe el alquiler turístico en edificios de pisos. ¿Y qué pasa en Menorca? Tiempo de silencio después de las enmiendas. ¿Logrará Menorca distanciarse de Mallorca y Eivissa y reivindicar su propio modelo turístico? El martes sabremos cuál es el peso político real que tienen los diputados menorquines del Pacte.
Un voto que vale por 25
Una vez recaudados, los fondos de la ecotasa deben ser distribuidos. El GOB denuncia la «ausencia absoluta de criterios de valoración y adjudicación que sean objetivables para un reparto coherente del dinero público». A esta falta de criterios se añade el control absoluto que ejerce el Govern sobre la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, organismo que decide los proyectos financiados.
El número de representantes de las administraciones públicas (14 de los 32 miembros) supone el 44 por ciento, pero solo hay cinco entidades de defensa del medio ambiente y sin dependencia orgánica de los organismos oficiales. Una comisión cuyo gran lastre democrático es la fórmula del voto ponderado, que otorga la mayoría absoluta al Govern. El Ejecutivo del Pacte emite un único voto que vale por 25, lo que representa el 51,02 del total e impide una mayoría de bloqueo o de propuesta alternativa. Los siete miembros del Govern emiten este único voto, sin que se conozca la opinión de cada uno de ellos. El 2016 fueron rechazados todos los proyectos presentados por los ocho ayuntamientos de Menorca, que de la ilusión pasaron a la frustración. Este año las nuevas bases fijan un importe mínimo de 250.000 euros, lo que dificultará aún más el acceso municipal a los fondos de la ecotasa misteriosa.
Habrá que aguardar para saber si este año los ayuntamientos menorquines tienen más suerte. Si Podemos entrará, o no, en el Govern, como insiste Alberto Jarabo; y cuáles serán los próximos movimientos políticos en Es Migjorn Gran, después de Sant Cristòfol de ses Corregudes, con un Ramón Verdúmás hábil y elegante que el PSOE local.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Autorizarán las administraciones el proyecto de reforma de Meliá Hotels para el complejo Milanos Pingüinos?
¿Qué político, asistente al IV Fòrum Mongofra celebrado ayer, se comprometió a «apoyar, impulsar y promover las propuestas presentadas»?
¿Cómo acabarán los desacuerdos entre los partidos del gobierno municipal de Sant Lluís por el cierre de Es Cós?
¿Entrarán servicio durante el mes de julio los lavabos portátiles en las playas de Menorca, que debían estar en funcionamiento el 1 de junio?
¿Cuándo volverá a tener la candidatura Menorca Talayótica posibilidades reales de ser presentada y tramitada de nuevo?