A la espera de la decisión sobre el destino final de los 7.000 metros cúbicos de lodos contaminantes de la antigua depuradora de Ferreries -ganada la batalla que evitó fueran soterrados, como aquel pararrayos radiactivo que 'enterró' el irrepetible alcalde en el cementerio de Alaior-, la actividad política, judicial e institucional no cesa en estos días de calor canicular.
Hoy mismo el PSOE-Menorca celebra en Ferreries un plácido congreso insular en el que quedará constituida la nueva ejecutiva, con Susana Mora como secretaria general; y será aprobada la ponencia-marco, que ha coordinado María José Camps, elegida secretaria de Política Autonómica del PSIB-PSOE.
El hecho más preocupante de la semana: Balears sigue liderando el abandono escolar en España, pasa desapercibido. El conseller de turno elude las valoraciones. Tampoco hay reacción a la crítica del sindicato de enfermería de Balears (Satse) al denunciar que faltan 200 profesionales en todos los niveles asistenciales del IB-Salut para garantizar la cobertura sanitaria durante el verano. La bolsa única de enfermería, publicada el 23 de junio, con 5.000 aspirantes admitidas «ya está agotada». Tampoco se esperan, en este caso, reacciones y valoraciones.
Los amarres del Marítimo
En cambio, algo se mueve en la Autoridad Portuaria de Balears. A propuesta de su presidente, Joan Gual de Torrella, la institución ha acordado personarse, como actor civil, en el caso Mar Blau para reclamar indemnizaciones si la Justicia falla que hubo actuación delictiva en los antiguos altos cargos de la APB, entre ellos Francisco Triay Llopis. El exconseller y exdiputado menorquín, a pesar de negar su participación en los tejemanejes que ahora son investigados en sede judicial -como la concesión de los amarres que gestionaba el Club Marítimo de Mahón a Trapsayates- no ha logrado evitar que siga imputado. La Fiscalía pide para Triay penas que suman diez años.
En el Club Marítimo, la directiva que encabeza Antonio Hernández, con personas de gran dinamismo social insta a Héctor Pons, primer teniente de alcalde de Maó, a impulsar una solución para recuperar la gestión de los amarres. En la misma línea que APB ha renovado la concesión al Club Náutico de Ibiza por 35 años. Dicen que Trapsayates paga cada mes el canon y no se puede rescindir el contrato, pero los políticos ibicencos practican, con habilidad felina y astucia fenicia, la fórmula 'ahora nos vamos a ausentar de la reunión -léase pleno o comisión- y no vais a contar con nuestros votos'. Es el ancestral y atávico Uc! pitiuso que en el Parlament puso firmes al mismísmo Gabriel Cañellas.
La amnesia de Carretero
Los autos, las sentencias y las indemnizaciones marcan el ritmo y el devenir político del Ayuntamiento de Sant Lluís. Siete años después, el Juzgado Contencioso de Palma anula la adjudicación del geriátrico municipal a Centre Secretari Coloma SL y da la razón a la empresa BB Serveis SL, cuya gerente es Carme García Querol, exvicepresidenta del Consell y ex dirigente del PSOE insular.
La sentencia concluye que la adjudicataria incumplió los requisitos de solvencia del personal y no acreditó experiencia. Conclusión: «Declaro el derecho de BB Serveis SL a la adjudicación del servicio de residencia y centro de día». O sea, corresponde a la empresa que cumplió las bases gestionar el Geriátrico. No lo entienden Llorenç Carretero, alcalde cuando se aprobó esta irregularidad, ni la alcaldesa Montse Morlà. Carretero, afectado por una repentina amnesia que le «dificulta recordar los trámites» de aquella adjudicación se excusa en los informes. Pues a los técnicos y juristas también hay que exigirles sus responsabilidades.
El segundo varapalo judicial de la semana a Sant Lluís es la sentencia que determina la responsabilidad patrimonial por la demolición del Hotel Xaloc y fija una indemnización que supera el millón de euros. Como en el caso anterior, la estrategia es la presentación de recurso, ganar (o perder) tiempo... i qui vengui darrera que tanqui sa barrera.
Tiempo de silencio
Las fiestas de Sant Cristòfol de ses Corregudes abren un compás de espera en la crisis municipal de Es Migjorn. Tres concejales socialistas contrarios al alcalde Pere Moll tiran la toalla. Mientras la Fiscalía Anticorrupción hace su trabajo en silencio por otros temas, el cerco judicial se estrecha por el caso de las multas anuladas después de la declaración de la funcionaria municipal Beatriz Mulero.
Lo único que ha quedado claro esta semana es el cada vez mayor interés estratégico y logístico del puerto de Maó para la Armada Española y para los buques de la Alianza Atlántica. Las declaraciones del nuevo jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Teodoro López, no dejan lugar a dudas. No está ni se espera ningún plan de desafectación de la Base Naval para darle posibles usos civiles, pero el Ministerio de Defensa debe aumentar la partida para mejoras, inversiones y mantenimiento de este enclave militar neurálgico.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Qué políticos y presidentes de entidades de Menorca asistirán el viernes a la recepción con los Reyes en Palma?
¿Volverá a interesarse la Reina emérita Doña Sofía por la candidatura Menorca Talayótica y el dossier que pidió al Consell?
De los quince proyectos presentados por los ayuntamientos de Menorca para ser financiados con la ecotasa, ¿cuántos aprobará este año el Govern?
¿Cuándo autorizará la alcaldesa Conxa Juanola el acceso del grupo municipal del PP al expediente municipal sobre el proyecto de ascensor en el puerto?
¿Cuándo sabrán el PSOE y el alcalde Pere Moll quiénes serán los tres nuevos concejales socialistas de Es Migjorn Gran?