Puigdemont, principalmente, y Rajoy han elevado el conflicto catalán hasta un nivel dramático, excesivo. Convocar elecciones siempre ha sido la mejor opción para al menos aliviar lo que se ha convertido en el problema más grave desde la recuperación de la democracia. El president estaba a punto de acertar cuando anunció la convocatoria de elecciones, pero se equivocó al pedir, además de la no aplicación del 155, la liberación de los jordis. Por su parte, el presidente Rajoy ha yugulado el procés, pero no era necesario utilizar un cuchillo tan grande, hubiera bastado aplicar las «medidas necesarias» para convocar elecciones, la única medicina realmente imprescindible. No sé si por la exigencia de mano dura que le ha llegado de múltiples foros y fundaciones, Rajoy ha renunciado al ritmo lento como estrategia de solución de los problemas.
Desde el simulacro de referéndum del 1-O, Puigdemont ha mostrado al menos dos momentos (la suspensión de la declaración de independencia y el intento de convocatoria electoral) de «paso atrás», de voluntad de diálogo que el Gobierno no ha aprovechado. Rajoy ha tenido el acierto de incluir entre las medidas la convocatoria electoral del 21-D, pero lo ha acompañado de una serie de medidas que van a tener consecuencias y que pueden complicar y no poco los 54 días que quedan para votar.
De lo que está por ver ahora es cómo se harán cumplir todas las medidas anunciadas. El control económico ya se estaba produciendo. El control de todas las consellerias por parte de los ministerios no se hace en dos tardes. ¿Se conseguirá sin conflicto? Es poco probable.
Parece que el Gobierno pasa ahora el testigo a los jueces y a la policía. Y posiblemente el poder implacable del Estado consiga imponer el cumplimiento de la ley.
El 21-D será la hora de los ciudadanos. Después, volverá a ser la hora de la política. A ver si esta vez quienes la ejercen cumplen con su obligación.