Hace unos días, Antoni Salvador recordaba cómo a mediados de los 80 existía una gran presión urbanizadora en la costa sur de Menorca. Alfons Méndez en su historia del turismo en Menorca, «A la recerca del paradís», cuenta con detalle los proyectos de urbanización que se desarrollaron y los que fracasaron, por la presión popular y por la mala gestión de algunas administraciones. Todo ello forma parte de la historia. Hoy la protección del territorio y del paisaje de la Isla es una de las pocas cosas en las que existe en realidad un consenso social, salvo polémicas de rango muy inferior a las de hace 30 años.
El PTI de 2003 convirtió en norma la voluntad proteccionista. Sin embargo se pasó de frenada en Son Bou. Un error que ha costado muy caro. Algunas medidas estaban justificadas, como impedir que Meliá construyera otras dos moles en primera línea de mar, cuando las dos que se mantienen deberían demolerse para mejorar la imagen de la zona turística. Otras decisiones, como Cesgarden y Princesa Son Bou, las dos que han generado indemnizaciones millonarias, son errores graves. Creo que si los dos proyectos se presentaran hoy, cuando la protección del paisaje es patrimonio de todos, las obras se autorizarían. Sobre todo por que los terrenos donde Cesgarden quería construir su hotel de lujo, estaban en la zona interior, con una continuidad de la zona urbanizada del perfil de la ladera, y los de Princesa Son Bou se situaban a la altura del puente de acceso a la urbanización. Tiene más impacto el importe de las urbanizaciones del que habrían tenido estas obras sobre el paisaje.
El error de planeamiento no se corrigió después, en 2006 cuando se firmaron una serie de convenios urbanísticos que evitaron otras posibles indemnizaciones.
Claro que estas sentencias no cuestionan el PTI. Eso es evidente. Lo que cuestionan las sentencias es la gestión política del PTI en Son Bou y no saber subsanar los errores.