El Govern del Pacte-1, porque en marzo del 2017 Més per Menorca ya se marchó, tiene tres frentes abiertos que le incomodan, especialmente con Menorca, en este año tan preelectoral: el decreto del catalán en la sanidad pública, que ha provocado el surgimiento -precisamente en Menorca-, de la plataforma Mos movem, una erizada cuestión que provoca discrepancias tanto en el seno del PSIB-PSOE como entre los socios del Govern.
Podemos califica este tema de «asunto delicado». El decreto sigue paralizado mientras aumenta la indignación de Més y se oyen con más claridad las voces del PSOE que piden una reflexión sobre la conveniencia y oportunidad, o no, de aprobarlo. Los socialistas quieren parar, ya, las movilizaciones que está provocando entre médicos y otros profesionales sanitarios, así como la percepción ciudadana de que es una imposición política que no beneficia a la asistencia sanitaria.
En segundo lugar, el decreto de las escoletes, paralizado por las protestas que ha generado en la comunidad educativa menorquina y todos los partidos de la Isla, PSOE incluido. El rechazo menorquín se sustanciará en una proposición que debatirá el pleno del Parlament.
En caso de salir aprobada, el Govern tendrá que recular y retirar este decreto.
La tercera cuestión es, naturalmente, el controvertido alquiler turístico que, a pesar de haber traspasado hábilmente el Govern a Consells y ayuntamientos, sabe que le acaba salpicando. Además de abrir nuevas fricciones entre quienes deberían ser socios y aliados pero son adversarios y competidores por un mismo espacio electoral -véase el desmarque de Gent per Ciutadella respecto al PSM y PSOE- ha tenido la virtud de fastidiar, irritar y digustar a todos. Tanto en Mallorca como en Menorca, mucho más restrictiva, las propuestas de los consells no satisfacen a nadie.
Las incoherencias
El gran error de la propuesta del Consell para regular el alquiler turístico en Menorca consiste en su incoherencia, que, al carecer de un criterio homogéneo, tiene un grave efecto discriminatorio, con unos menorquines perjudicados y otros beneficiados.
El principio inspirador de la prohibición general de esta actividad en todos los núcleos urbanos y en todo el suelo rústico de la Isla -con independencia de su clasificación y su nivel de protecciónchoca con la excepción de Fornells, que sería aplicable a otras zonas de Menorca la protesta de los vecinos de Cala Llonga, que rechazan el veto impuesto por el Consell el desmarque, sensu contrario, de los residentes en Es Murtar las críticas de los alcaldes de Alaior, Es Castell y Es Migjorn el desacuerdo de El PI, que rompe la unidad en el gobierno de Sant Lluís las alegaciones que anuncian los ayuntamientos de Maó y Ciutadella y la contundente crítica de PIME. Para la federación empresarial menorquina, la regulación que pretende aplicar el Consell, además de llegar tarde y mal, ni ordena, ni resuelve ni afronta el problema, porque se seguirán alquilando viviendas en toda la Isla. Como hasta ahora, sumergidas en la economía local opaca. Naturalmente, el PP-Menorca anuncia que, si recupera en mayo de 2019 el gobierno del Consell, una de las medidas de los primeros cien días será la derogación de esta norma, cuestionada y muerta antes de nacer.
«El alquiler no es malo»
Falta sensibilidad y sobra radicalismo. Escuchemos a Víctor Cornell, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): «Mucha gente de la PAC ha podido pagar sus hipotecas gracias a que han ofrecido sus viviendas para alquiler vacacional», afirma.
A favor, de acuerdo, ¿pero cómo se regula? «Es tan fácil cómo ver cuántas propiedades tiene una misma persona. No es lo mismo un particular que alquila su piso que un fondo buitre que ha comprado veinte o treinta viviendas y las dedica a alquiler turístico», responde Cornell. A continuación añade: «alquilar un piso los meses de verano como ayuda para pagar la hipoteca no es negativo.
El problema es que también ha sufrido una burbuja y ha habido quienes han acumulado pisos para especular y sin pagar los impuestos.
Esto ha provocado un lógico rechazo al alquiler vacacional, pero como idea no es mala».
En ningún momento aparecen los tres conceptos -veto, prohibición y restricción- con los que el Consell de Menorca no da respuesta a la antigua demanda de la ordenación del alquiler vacacional, pero además la agrava.
Las casuísticas
La propuesta de la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, para los hoteles de Son Bou pilla con el pie cambiado a la izquierda y descoloca a Junts per Lô, con el GOB que quiere dinamitar los dos establecimientos. Susana Mora dice una cosa y otra, distinta, al mismo tiempo. Afirma que «no hará una revisión del PTI a la carta» y también admite que «existen casuísticas concretas que necesitan un trato personalizado».
¿En qué quedamos, señora presidenta? ¿A la carta (casuística personalizada) o menú (PTI)? Todo lo que implique reducir alturas será aceptado. Este asunto ya estaría resuelto si se pudiera aplicar el decreto del Govern para acelerar sus proyectos y soslayar los trámites y «papeleo» que exige a los ciudadanos corrientes.
Siempre gana la administración.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Seguirán aumentando los 'hortals' ilegales, con o sin PTI?
¿Cuándo conseguirá reparar el Consell los molinos averiados del parque eólico de Milà?
¿Acabará retirando el Govern el decreto para regular las escoletes, que provoca un amplio rechazo en Menorca?
¿Devolverá Trapsa a Autoridad Portuaria los amarres del Moll de Llevant de Maó?
¿A qué se refiere el comité de empresa de Quesería Menorquina cuando «reclama más implicación del Govern»?
¿Estarán concluidas la revisión del PTI y del Plan General de Ciutadella antes de acabar el actual mandato?