El inspector de Hacienda Jaime Far, primer director de la Oficina Anticorrupción de Balears, afirma que «toda persona está condenada a corromperse en algún momento». Precisa, a continuación, que «dependiendo de sus posibilidades». O sea que todos tienen un precio todos somos sopechosos, desde un auxiliar administrativo al mismo director de esta flamante Oficina Anticorrupción, un invento del Govern del Pacte que aún carece de reglamento y de funciones. Este organismo arranca con un presupuesto inicial de 500.000 euros, pero precisará un presupuesto anual de 2,5 millones y se solapará con el trabajo que realizan la Fiscalía Anticorrupción, la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.
El veterano abogado y exmagistrado del Tribunal Superior Rafael Perera discrepa, naturalmente, con el «todos corruptos» de Jaime Far, que califica de «pésimo estreno en el cargo» porque «hay muchas personas que tienen como norma de su conducta, pública y privada, la honradez y la rectitud, y por tanto tienen derecho a no ser considerados como personas anormales por su incorruptibilidad.
El director de esta nueva oficina, que ve a todos los ciudadanos un corrupto en potencia y un sospechoso, cobra el sueldo más elevado que paga el Govern: 95.000 euros. Dice que «es el que se fijó y es opinable si es alto o bajo, lo que no podía hacer era perder dinero». Pero añade, convencido, que «un sueldo alto no blinda contra la corrupción».
La cuestión de fondo, más allá de las opiniones de Jaime Far, es la utilidad y la eficacia de esta Oficina Anticorrupción de Balears, teniendo en cuenta la experiencia de organismos similares.
Como señala el periodista de tribunales Víctor Malagón, así como detrás de cada persona hay un corrupto, en toda institución nueva que se pone en marcha anida el germen de la ineficacia.