No daban la sensación de estar realmente convencidos de lo que iban a hacer pero lo hicieron. Los controladores menorquines, siete de los ocho imputados por la huelga salvaje encubierta que protagonizó el colectivo a nivel nacional hace ya ocho años en el puente de diciembre, acabaron aceptando anteayer la conformidad pactada por los abogados de su sindicato y la Fiscalía.
El visto bueno a este pacto supone que se declaran culpables del delito de abandono de su puesto de trabajo, pero evitan la acusación por sedición, el posible despido y el riesgo de tener que encarar un juicio con final incierto y a largo plazo.
Uno no duda de su palabra. Sería fácilmente constatable que en Menorca aquellos 3 y 4 de diciembre de 2010 al menos hubo un controlador en la torre de control. Otra cosa es que los profesionales de la Isla se adhirieran de alguna forma a las medidas de fuerza que adoptó su colectivo a nivel nacional y que acabó ocasionando un perjuicio brutal a 600.000 pasajeros literalmente tirados en los aeropuertos de España.
Probablemente en este caso los controladores de Menorca han sido el eslabón más débil de una cadena que se los ha llevado por delante cuando pretendía finiquitar el proceso de cara a la galería con una culpabilidad mínima de los profesionales pero, al menos, con algún tipo de condena que deje en buen lugar al Estado para que pueda demostrar que aquel atropello a tanta gente no quedó impune.
Se trata de una faena para los de Menorca, sin duda, por la mancha penal que queda en su expediente puesto que la multa la asume el sindicato con la caja solidaria. Sus rostros, antes de declarar que aceptaban la culpabilidad reflejaban la desazón.
El pacto final, no obstante, va poco más allá de un gesto que resarcirá en parte a los perjudicados por aquel plante encubierto. Aunque hayan pagado, en algunos casos, justos por pecadores, lo importante es que jamás vuelva a suceder.