"Nuestro posicionamiento político es claro desde el primer día pero manda el tempus administrativo". Así se expresó anteayer la presidenta del Consell, Susana Mora, en referencia al derribo de los puentes de L'Argentina y Rafal Rubí, entre Maó y Alaior.
Ese tempus administrativo al que se refiere la primera autoridad política de la Isla puede echar al traste con una de las banderas electorales a las que se abrazó el pacto de gobierno de izquierdas para desalojar a los populares al frente de la institución insular, hace ya tres años y medio. «No a los puentes», dijeron.
Resulta que todavía falta concretar la viabilidad técnica y económica de la obra que representa destruir lo ya construido y, además, debe incorporarse al proyecto la solución final del equipo de gobierno, si es que la es, tan controvertida como el mismo proceso, es decir, las rotondas a nivel.
En este largo tiempo, después de darle vueltas y más vueltas el tripartito buscó una justificación técnica externa que, cuanto menos, admite réplicas, para cumplir con su programa. La afectación paisajística de los pasos elevados para el entorno de las navetas funerarias prehistóricas que se encuentran a 80 metros de la carretera general es «grave» y no contempla ninguna medida correctora para la estructura a medio construir, dijo ese informe.
Vayamos a lo práctico, por más que se pretenda endulzar este controvertido caso con los retrasos derivados del implacable aparato burocrático de la administración, concursos de licitaciones y plazos de ejecución. Lo que el ciudadano percibe, su realidad, es que transcurrido todo este tiempo, aproximadamente 1.245 días, que se dice pronto, estamos en el mismo punto de partida desde antes de las pasadas elecciones. Ese tramo sigue igual, y los ahora mamotretos levantados hace casi cuatro años permanecen como vergüenza visual de tanta controversia. Eso es lo que hemos avanzado.