El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidirá el día 5 de noviembre a quién le toca pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria. De su deliberación cuelgan hipotecas ya suscritas y las que estén a la espera, en el limbo motivado por la sentencia conocida el jueves pasado en la que el alto tribunal determinaba que son los bancos los que tienen que pagar ese impuesto. Ya estaban muchos ciudadanos rebuscando escrituras y recibos, dispuestos a ejercer su derecho a reclamar –aunque se estima que solo podrán hacerlo los que firmaron a partir de 2014, ya que el impuesto prescribe a los cuatro años–, cuando vino el enorme jarro de agua fría: el Tribunal Supremo paralizó su sentencia solo un día después, dada su repercusión económica y social.
¿Qué esperaban? Es increíble la improvisación de tan elevada instancia judicial así como la inseguridad que ha generado. Los bancos empezaron a pagar por adelantado con pérdidas de miles de euros en bolsa, las asociaciones de consumidores iniciaron sus campañas –como no puede ser de otro modo–, y aún ahora recomiendan presentar ya las reclamaciones a las haciendas autonómicas. ¿Acaso hay piedad en otras ocasiones? ¿En ejecuciones hipotecarias o en lanzamientos para despojar de vivienda a familias en situaciones de crisis? Me pregunto por qué los tribunales la tienen ahora. Y me respondo a mi misma: porque necesitamos a los bancos claro, debemos seguir firmando hipotecas y otros productos, pero todos tienen que respetar las reglas del juego, no siempre han de volver a la casilla de salida los mismos. Este caso, que responde al pleito entre la empresa municipal de vivienda de Rivas Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid, ha sido mal gestionado. La Justicia ha quedado en entredicho, la gente desconcertada, no se fía. El desenlace se presiente.