Dos pateras han llegado a Menorca en un mes y medio con 20 inmigrantes argelinos a bordo, cinco de ellos menores de edad que ya residen en la Casa de la Infancia de Maó con sus necesidades básicas cubiertas hasta que cumplan los 18 años si otro tutor legal no los reclama.
Los 15 restantes han visto culminada la travesía desde las costas argelinas hasta territorio español con unas atenciones que, con toda seguridad, conocían cuando tomaron la decisión de hacerse a la mar, bien en un barco nodriza o directamente en las pateras con las que desembarcaron entre Binibèquer y Punta Prima.
Menorca es tierra de acogida, como suscriben plataformas de apoyo e instituciones, y por más que las primeras hayan cuestionado las detenciones policiales momentáneas de ambos grupos siguiendo el orden legislativo establecido para la inmigración irregular, en la práctica todos están cubriendo sus propósitos personales, que eran llegar a Francia, Holanda o Bélgica, donde creen tener más opciones de mejorar sus vidas. Incluso los cuatro que acabaron en el CIE de Madrid también quedaron en libertad al no poder documentarse su filiación.
Mientras tanto en la Isla han recibido alojamiento, manutención, reconocimiento médico, asesoramiento y acompañamiento desde el primer día que pusieron sus pies en este punto del archipiélago. No tienen quejas y no pueden tenerlas.
Llegaron indocumentados, con todas las consecuencias porque saben que es la mejor situación para evitar su repatriación y obtener ayudas humanitarias de las ONG y las administraciones, pero provistos de teléfonos móviles, y en muchos casos, algo de dinero.
En contra de otras opiniones de lo más respetables, en los dos casos recientes, los menorquines pueden sentirse orgullos de la acogida dispensada a estas personas que salen de su país en busca de un mejor futuro y, al menos en su primer destino provisional, obtienen toda la ayuda necesaria para seguir su sueño.