Que la consellera balear de Agricultura, Mae de la Concha, declarara con sorprendente naturalidad, que si le retiraran el plus de residencia de 22.000 euros no llegaría a final de mes, no debe arrojar excesiva incredulidad. Si alguien como ella, con cargo público remunerado a partir de su militancia menorquina en un partido de extrema izquierda, afirma que precisa más de 6.000 euros al mes -incluida la nómina- para vivir en las Islas, no puede ser ni una falsedad a medias ni una mentira colosal, aunque pueda parecerlo. Por lo tanto, si le adjuntamos la supuesta supremacía moral de su ideología, debe ser cierto.
De la Concha precisará esa generosa cantidad para desarrollar su función pública en el puesto que ocupa, lo que a la larga podrá sustanciarse en una revitalización del sector primario de Balears, apocado desde la irrupción del turismo.
Aquí quién posiblemente no dice la verdad es el guardia civil o el policía nacional que apenas se queja porque cobra un plus de unos 80 euros al mes -no llega a 1.000 anuales- por residir en Menorca, por ejemplo.
Evidentemente si la alta militante de Podemos -esa formación que en su día abanderó la nueva política y denominaba «casta» al resto- dice la verdad, está claro que el guardia civil que viene de fuera para prestar servicio en las Islas y no protesta demasiado engaña por aceptar tan exigua compensación.
La solución es sencilla. Basta con que unos, los políticos que cobran el magnánimo plus de residencia, y otros, los agentes que apenas ingresan unos eurillos por ese mismo concepto, justifiquen sus gastos. Resulta difícil de entender que los primeros no lo hagan después de haber denunciado el despilfarro del gasto público cuando aún no pisaban moqueta.
Seguramente que si lo hicieran se demostraría que la consellera no tiene suficiente con lo que cobra, y que al guardia civille sobra con lo que le dan.