Pedro Sánchez ha accedido a la Presidencia como un equilibrista sin red. ¿Sobrevivirá una vez más para prolongar su auto panegírico biográfico? Tras los resultados de las elecciones del 10N ha decidido aplicar el refrán «de perdidos, al río». Por eso adopta decisiones de riesgo. 22 carteras de ministro/a, aplicando la lógica del reparto del poder y no la eficacia de la gestión. Una pareja que sí ha demostrado que puede serlo en un Consejo de Ministros. Ha creado algún ministerio fantasma, como el de Consumo, que no tiene sentido. Y, la decisión más arriesgada, ha puesto a la exministra Dolores Delgado en el puesto de fiscal general del Estado. Solo existe un antecedente similar, el de Javier Moscoso, cuando Felipe González también le pasó de ministro a fiscal general. Pero es una decisión que afea la estética de la independencia de la Justicia, algo que está tan lejos de ser verdad como la otra independencia la de Catalunya.
Precisamente, la decisión estratégica de Sánchez al nombrar a Delgado creo que pretende allanar el camino del diálogo con los catalanes independentistas. Sabe que la «solución política» al conflicto se jugará en los juzgados. Y por eso hace falta una Fiscalía General moderada en la iniciativa contra acciones de Torra y compañía.
Por otra parte, la Justicia no vive en España sus mejores tiempos de credibilidad. Además de las sentencias en Bélgica, Alemania y Reino Unido relativas a los imputados huidos, que algún sonrojo jurídico deberían provocar, la forma en que Manuel Marchena tuvo que renunciar a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial al filtrarse las componendas entre PP y PSOE para que él, con el apoyo conservador, asumiera el cargo, a cambio de que los socialistas tuvieran dos miembros más, demuestra que el «largo brazo de la ley» también forma parte del cuerpo político.
El tiempo dirá si el nombramiento de Delgado sirve para ayudar a resolver el conflicto en Catalunya, que es la misión de mayor riesgo para el «héroe» de la Moncloa.