Había apenas 20 personas en el vagón del metro de la Línea 1 que circulaba desde Urquinaona a plaza Catalunya, y entre ellas una mujer indiscutiblemente atractiva, de una madurez espléndida. Al llegar a la estación del corazón de Barcelona un hombre apoyado en la barandilla lateral la observó mientras avanzaba hacia la puerta y cuando pasó junto a él no pudo reprimirse: «Qué pena que ya no puedan decirse piropos», le dijo. La mujer le aceptó el cumplido, sonrió y siguió su camino observando un rictus de moderada satisfacción en su rostro.
A partir de la nueva ley de libertad sexual apadrinada por la número 2 de Podemos, Irene Montero, ministra de Igualdad y pareja del número 1, Pablo Iglesias, el «atrevimiento» de ese hombre hace apenas un mes puede convertirle en un acosador sexual ocasional.
La nueva norma, que ha tenido que ser corregida por el ministro de Justicia y la vicepresidenta del Gobierno, ambos del PSOE, debido a no menos de 25 incorrecciones técnicas y semánticas, eleva la protección de la mujer ante cualquier actuación que atente contra su libertad sexual eliminando la distinción entre abuso y agresión.
Todas aquellas medidas que acentúen la seguridad de la mujer y condenen a los agresores dejando escaso margen a la interpretación de los hechos deben ser bien recibidas, tanto como el aumento de las condenas por este tipo de delitos. Es el camino necesario a seguir partiendo del cambio en los modelos educativos en igualdad de género.
Ahora bien, que un hombre lance un piropo a una mujer y esta lo interprete como una humillación y no como un halago, y la nueva ley lo convierte en un delito leve que acarrea pena de localización permanente, trabajos comunitarios o multa, es una consideración cuanto menos discutible. O sea que se trata de admirar la belleza femenina en silencio, por lo que pueda pasar, o preguntarle si le acepta un piropo antes de decírselo con lo cual la espontaneidad inofensiva se pierde.