Descubrió la nevera vacía, cogió la cesta de la compra y salió hacia el mercado para reponer provisiones, carne y verdura mayormente. Recordó entonces el vestido que una de sus hijas le había pedido para salir de un apuro, hubo de hacer un rodeo para pasar por la tienda y regresó cargadita a casa.
Se llevó un chasco Francina Armengol, había echado mano de lo habitual en estas ocasiones porque lo importante era comer y lo de menos, las exquisiteces. La familia directa, por respeto, costumbre y coyuntura, aplaudió la recarga, pero los allegados la reprendieron severamente. Todo lo que salga de la dieta verde, es malo, rancio y propio de la derechona, le reprocharon. Los allegados o gran parte de ellos viven, dicho sea de paso, al calorcito de la nómina pública. Hablando este fin de semana del famoso decreto que todo lo abarca, me comentaba un amigo: «¿cuántos votantes, afiliados y familiares del PSM o Més y candidaturas políticas de su influencia dependen económicamente del turismo o de sectores productivos inactivos debido a la covid-19 y el estado de alarma?». Esos sectores no son al menos su principal cantera, le confirmé.
Como el decretazo ha dado que hablar, otro amigo se ha apostado una cena a que la idea del vestidito a medida para tirar los puentes de la carretera no dará resultado. Me dice que quien saldrá volando no es el cemento sino la presidenta del Consell de su cargo porque el decreto de un gobierno regional no puede atentar contra legislación superior. Para empezar, antes de desgranar normativa menuda y específica, el artículo 31.2 de la Constitución: «El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía», dice. Al fondo, la malversación de recursos públicos.