La semana pasada una denuncia ciudadana a la Guardia Civil, con el apoyo de la Protectora d'Animals de Maó, puso al descubierto un presunto delito de maltrato animal en Llucmaçanes. Presunto hasta que no se demuestre lo contrario, aunque lamentablemente las imágenes tomadas al caballo objeto de esta denuncia hablaban por sí solas: un animal agonizante, sin cobijo ni asistencia bajo el sol abrasador, aterradora estampa de la nula compasión humana. Finalmente se optó por su sacrificio tras la denuncia al Seprona.
La propiedad de estos animales se defiende, alega que todo estaba correcto, pero no es la primera vez que está bajo el foco, ya enfrentó acusaciones similares en 2018 y entonces todo quedó en nada. El Consell anuncia que abre un expediente y la demanda de la Protectora sigue a la espera de asignación de juzgado. Esperemos que esta vez se investigue para conocer la verdad y actuar en consecuencia, que no exista la impunidad para este tipo de actuaciones y que, si todo esto es un error como argumentan los propietarios, se esclarezca y no vuelva a suceder.
Existe desde 1992 una Ley de Protección de los Animales en Balears que ya contempla como infracción grave el abandono o la no prestación de tratamientos sanitarios, pero parece que no sirve, o se incumple, o el castigo es demasiado ligero. Siguen los casos de explotación y maltrato, el encierro en ridículas piscinas de cetáceos o la esclavitud de caballos en galeras para los turistas. La ley es vieja y pese a los tristes ejemplos de nula empatía hacia los animales, la sensibilidad de la sociedad es otra, afortunadamente ha evolucionado, y cada vez más exige actuaciones contundentes ante la explotación y tortura de otros seres vivos, y todo ello requiere un cambio y una adaptación legislativas. Es urgente, porque la norma actual se demuestra ineficaz y la mayoría de las veces las leyes parece que solo se utilizan para lo contrario: perseguir a quien cuida, alimenta, recoge y protege.