La presidenta del Consell, Susana Mora, declara que "la única manera de salir adelante es la unidad política" y exige a Misericordia Sugrañes que los consellers del PP le aprueben los próximos presupuestos de la institución insular. Esta sería la reclamación de Mora si se encontrase con que Més y Podemos -que la invistieron presidentase negasen a apoyarle sus cuentas para el 2021.
Es el mismo escenario de irrealidad política en el que flota Pedro Sánchez al exigir al PP que le apruebe sus Presupuestos Generales del Estado, cuando aún nadie ha visto el proyecto de ley, porque no está redactado. Sánchez debe dirigir esta imperativa petición a quienes le invistieron en junio de 2019, empezando por ERC, pero hoy le dan la espalda. Así empezaría a gobernar sin los presupuestos de Mariano Rajoy, que hoy siguen en vigor.
Pero -razona Fermín Bocos- subyace la pretensión de situar la crisis provocada por la pandemia al margen de la política, y por tanto, fuera del escrutinio de la gestión del Gobierno, que es tarea propia de la oposición. Y con este discurso aparentemente conciliador el secretario general del PSOE mantiene como socio de gobierno a un Podemos que receta cordones sanitarios contra el PP y Ciudadanos. Unidad, la gran trampa.
Nuevas restricciones
Balears es, con la excepción de Madrid, la región más castigada de Europa por el coronavirus. Al mismo tiempo Balears presenta la tasa de mortalidad por la Covid más baja de España.
El último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica concluye que en las Islas se registra una defunción por cada mil nuevos contagios. Pero, ¿es válido este indicador para Menorca con quince fallecidos por el virus? Porque, de ser cierta la estadística oficial, se habrían producido 15.000 contagios en la Isla, con quince personas que han perdido la vida,
El Govern incluye a Ciutadella y Sant Lluís entre los municipios más afectados por la transmisión comunitaria y donde aplicará las restricciones que mañana aprueba el Consell de Govern. Amenaza con el toque de queda por la noche y reducir los encuentros sociales a cinco personas. Ya está decidido que quienes se salten el confinamiento -a partir de ahora vigilados por la Policíaserán sancionados con hasta 3.000 euros.
Se sorprende mucho la alcaldesa de Sant Lluís, Carol Marquès, al haber sido convocada a la reunión que el viernes mantuvo el Govern con sólo 15 de los 67 alcaldes de Balears para anunciarles las nuevas prohibiciones. De Menorca sólo fueron citadas la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, y la primera edil santlluïsera.
El susto de Carol Marquès le llevó a difundir una nota de prensa para intentar negar la mayor.
Habría sido más prudente que la alcaldesa de Sant Lluís preguntase a la atribulada y desbordada consellera de Salut, Patrícia Gómez, por qué no fueron convocados a esta "reunión informativa" los alcaldes de Maó, Alaior, Es Castell, Es Migjorn, Ferreries y Es Mercadal. La respuesta, en el Consell de Govern de mañana.
Los médicos y los padres
Para evitar caer en el alarmismo y no volver a anunciar la apertura de las cuevas de Cala Blanca, escuchemos otras voces, distintas a las gubernamentales. El Colegio de Médicos de Balears recuerda que "en ningún caso corresponde al médico establecer si el alumno puede o no asistir a su centro escolar". Dice el conseller Martí March que, sí o sí, debe empezar el curso de forma presencial, pero los médicos desvelan que numerosos padres "reclaman certificar la vulnerabilidad de sus hijos ante un posible contagio con la finalidad de poder justificar su ausencia a las clases presenciales para evitar la exposición al contagio". El conseller March no sabe, no contesta.
Segunda voz no gubernamental: CAEB-Menorca denuncia que "la gestión de la información por el Govern en referencia a la Covid no se realiza con la prudencia necesaria y puede causar daños importantes a la empresas". Afirman los empresarios menorquines de CAEB que "la presidenta Armengol y la consellera Gómez han avanzado una serie de medidas no trabajadas ni consensuadas, que no han sido las definitivas, ya que algunas no eran razonables".
"Señalan una serie de territorios de nuestra Isla provocando pánico social y caídas de reservas, facturaciones y futuras ventas, cuando aún no se han tomado las decisiones", concluyen. Armengol y Gómez tampoco no saben, no contestan.
Y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria reclama "actuaciones inmediatas y soluciones urgentes" ante las okupaciones ilegales. Denuncian que "con la excusa de facilitar vivienda a colectivos vulnerables se ocultan grupos organizados que extorsionan a estos colectivos, les piden dinero por unas llaves y pisotean el derecho a la propiedad privada". Nadie sabe ni contesta.
Comisión de seguimiento
El PP-Ciutadella solicita una reunión urgente de la comisión de seguimiento de la Covid en el municipio. La concejal Blanca de Olivar recuerda que esta comisión fue creada en el pleno de mayo y su última reunión se celebró en julio. Añade Antoni Juaneda que "apoyamos las medidas del Ayuntamiento cuando son acertadas, pero nuestra obligación también implica controlar la actuación del gobierno municipal cuando se toman decisiones". La alcaldesa Joana Gomila, cuando comparezca, les exigirá unidad.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Quién relevará a Elena Costa en la dirección insular de Ordenación Turística y será impugnada su contratación como gerente de la Fundació?
Si el Govern preparó todo el verano un curso presencial, ¿por qué aprueba las normas a 5 días antes de empezar?
¿Cuántos agentes adscritos a las plantillas de Policía Local de Menorca se encuentran hoy en segunda actividad?
¿Cuándo cambió de idea el Govern y pidió cien rastreadores del Ejército para detectar la covid en Balears?
¿Se llegaron a redactar los informes relativos a la solidez estructural del puente sobre es riu de Cala Galdana ?