Cuando acabó el confinamiento y con la falsa verdad de que «hemos vencido al virus», proclamada por Pedro Sánchez el 10 de junio, aún no habían empezado las campañas de vacunación y centenares de asintomáticos circulaban libremente y transmitían el mortal coronavirus.
El mensaje oficial, consistente en una alegre invitación a salir para «disfrutar de la nueva normalidad», fue repetido por el presidente del Gobierno el 4 de julio: «hay que salir a la calle y hay que recuperar la economía». Pero sin vacunas, con la precipitada reapertura de puertos y aeropuertos; y sin exigir PCR a quienes entraban en Menorca, los rebrotes se dispararon aquí y en toda España.
El Gobierno se puso a un lado y cedió la gestión contra la pandemia a las comunidades, lo que ha originado un caos de normas, criterios contradictorios y distintos niveles de riesgo. Esta enfermedad no distingue de regiones ni autonomías al circular y contagiar a gran velocidad. La nueva normalidad prometida consiste en que no tenemos salud ni economía.
Quienes, sin vacunas y sin haber vencido al virus, nos animaron a salir, circular y disfrutar, califican de irresponsables a los que les escucharon. Ahora nos riñen porque hay transmisión comunitaria, cuando se expandió durante julio y agosto.
A las puertas de nuevos confinamientos, el 2021 arranca bajo la incertidumbre en todos los ámbitos y la temporada turística de este año es una incógnita. La reactivación económica es un deseo que confiamos a unos fondos europeos que desconocemos cuándo y cómo llegarán.
Pero como es preciso aprender de los errores, cabe exigir una gestión más seria y eficaz de las campañas de vacunación. ¿Por qué no se moviliza a farmacéuticos, dentistas y otros profesionales sanitarios? Naturalmente, al Ejército y, por supuesto, a la sanidad privada. También que, en el próximo reparto regional de las dosis, Menorca no vuelva a ser excluida.