Suspendidos los actos de Sant Antoni, incluso la Processó des Tres Tocs, que se había celebrado sin interrupción desde 1939, hemos llegado al nivel 4, de riesgo extremo. La semana concluye en Menorca con otro preocupante récord de contagios y 471 casos activos. Aumentan las restricciones, pero el virus sigue circulando e infectando a mayor velocidad.
Todas las expectativas están depositadas en las campañas de vacunación.
Ya lo dijo una atribulada Patricia Gómez el 8 de enero, al ser preguntada por los trabajadores de las residencias geriátricas que han rechazado vacunarse. "No disponemos más que de la vacuna para combatir esta pandemia, es lo único que tenemos", afirmó la consellera de Salud.
Pero el coordinador de la campaña de vacunación en Balears, Carlos Villafáfila, reconoció cuatro días después que solo se habían puesto el 40 por ciento de las vacunas que habían llegado a Balears.
Las dosis se retrasan, no llegan, y los últimos datos facilitados por el Govern, correspondientes al viernes 15 de enero, recogen que en Balears se han inyectado 12.854 dosis, lo que supone el 66,6 por ciento de las 19.290 recibidas. ¿Y Menorca? Pues aquí se han administrado 1.508.
Significaría el 1,7 por ciento de las 91.143 tarjetas sanitarias de Menorca. Pero hay que tener en cuenta la doble dosis de Pfizer para que la inmunidad adquiera eficacia. Teniendo en cuenta que la vacunación empezó en Menorca el 30 de diciembre, ya pueden calcular, a este ritmo, cuándo habrá vacunado el IB-Salut al 70 por ciento de la población menorquina.
Estalla la indignación
Persisten todas las incertidumbres y aún desconocemos si habrá temporada turística este año, porque en verano del 2020 fue una temeridad abrir puertos y aeropuertos sin vacunas, con corredores sanitarios seguros que no eran seguros.
Tres datos avalan la gravedad de la situación: Balears cerró el año covid con el mayor aumento del paro de España y 31.000 trabajadores afectados por los ERTE la creación de empresas descendió un 16 por ciento en las Islas, que sitúa el ejercicio del 2020 como el peor de la serie histórica para el emprendimiento en España y la inversión hotelera se ha hundido más del 60 por ciento.
La indignación de bares y restaurantes estalló en Mallorca tras anunciar el Govern el endurecimiento de las restricciones al comercio y la restauración, pero sin ofrecer ayudas o compensaciones.
CAEB y PIME-Balears expresaron el 8 de enero su apoyo a las nuevas prohibiciones pero reclamaron a Armengol "ayudas inmediatas" que cuantificaron en 500 millones de euros para "sobrevivir los próximos meses".
"Basta ya"
La movilización de 4.000 representantes de la hostelería y otros colectivos el 12 de enero que, al grito de "Basta ya", protestaron frente al Consulat -incentivados por el error de Aina Calvo al prohibir la manifestación- ha abierto una brecha en el Govern que fractura definitivamente esta legislatura.
La crispación social, y el descontento de Podemos y Més per Mallorca con la mala gestión de las nuevas prohibiciones, marca un antes y después en el segundo mandato de Francina Armengol al abrir una vía de agua en la nave gubernamental por la que entra el virus de la desconfianza. Quienes son socios en el Govern también son adversarios políticos y no quieren ser arrastrados por el descomunal y lacerante malestar que ha incendiado las calles de Palma. Los aliados-contrincantes intentan desmarcarse y expresan su desasosiego al denunciar que el Govern incurrió en un error de principiante cuando minusvaloró el impacto y la repercusión de esta primera manifestación.
El enfado de bares y restaurantes arrastra y moviliza a otros sectores de Balears, también perjudicados por la paralización de la actividad económica.
Tocado y noqueado
El PSIB-PSOE, muy tocado y noqueado por estos acontecimientos, tuvo que admitir que se equivocó al no valorar el gran descontento social. La gran protesta, que no figuraba en la agenda del Govern, ha descolocado a la presidenta y a sus tres consellers de confianza que forman el núcleo duro : Iago Negueruela, Pilar Costa y Marc Pons. "Hay que reaccionar y actuar", manifestaron.
De ahí que el viernes, a remolque de la situación, se empezó a apagar el incendio con el improvisado anuncio de que "Govern, consells y ayuntamientos movilizan 103,5 millones para paliar los efectos de las restricciones" y que los locales obligados a cerrar por el Govern recibirán -de enero a marzo- 1.500 euros al mes. Pero falta aún conocer los requisitos.
Alcaldes, presidentes del Consell, concejales y consellers de hacienda e interventores están haciendo números, porque el Govern también los ha pillado con el pie cambiado.
Y nosotros, ¿qué?
El mismo viernes la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Balears manifestó su "estupefacción" por las ayudas anunciadas por el Govern por las medidas de cierre, cuyos "principales beneficiarios son restauración, los gimnasios y centros deportivos y distribución".
Este asociación empresarial y la Federación Hotelera de Mallorca exigen a las administraciones de las Islas que "tengan en cuenta la aportación del turismo al conjunto de la economía balear".
Recuerdan que la planta hotelera está cerrada desde noviembre de 2019 "sin recibir ingresos y soportando las mismas cargas fiscales y financieras", y reclaman "un plan de rescate, inmediato y específico para el sector turístico sin dejar de lado al sector hotelero".
Corresponde al Govern mover ficha. Y Ashome se pronunciará la próxima semana.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Por qué interrumpió Podemos sus críticas a la revisión del PTI para presentar alegaciones y "negociar cambios"?
¿Hasta cuándo continuará pagando el Consell un plus de productividad que, según la Sindicatura de Comptes, abona de forma irregular?
¿Cómo se enteraron los alcaldes de Menorca que han de "reducir al máximo" las tasas municipales a los bares y restaurantes por la covid?
¿Cómo se aplicará esta reducción, que anunció el Govern?
¿Cuántos bares y restaurantes de Menorca tendrán derecho a recibir los 1.500 euros de enero a marzo y cuándo cobrarán esta cantidad?