Hace solo medio año defender la conexión con Barcelona como una obligación de servicio público era contemplada por el Ejecutivo balear como una opción más que improbable. Volar a Barcelona sigue siendo caro y complicado para los no residentes y para los residentes cuando se trata de una salida no programada.
Era entonces el clamor cíclico -derecho al pataleo si lo prefieren- que nos invade cada vez que damos un paso adelante en la conectividad aérea con la península y dos hacia atrás al comprobar su efectividad, aminorada por esas espurias explicaciones que ofrecen las compañías aéreas cuando compensan el aumento de los descuentos con la subida de las tarifas. De una forma u otra acabamos sufriendo la falta de vuelos y los precios abusivos en según qué situaciones.
Transcurrido este tiempo el conseller de Movilidad del Govern, Marc Pons, el mismo que se mostraba entonces escéptico en la declaración de la ruta con Barcelona como OSP, ha puesto sobre la mesa una «fórmula mágica» que tiene como fin aproximarse a la demanda histórica de la Isla para conseguir algún día frecuencias suficientes y precios razonables en cualquier momento, sea temporada alta o baja.
Esa idea sobre la que el Ejecutivo trabaja desde hace tiempo pasa por fijar una tarifa de referencia de 60 euros (15 para los residentes), sobre la que las compañías podrán fluctuar siempre que al cabo del año los precios medios no hayan superado el de referencia.
La propuesta, que debe negociarse con el Ministerio antes de llegar a la Unión Europea, tiene el aditivo que supone un ahorro de 2 millones de euros para el Gobierno puesto que si bajan los precios, el descuento de residente que este paga a las compañías también será menor. Falta conocer la respuesta de las compañías, pero si la fórmula mágica funciona, aquí tienen un voto más sin preguntarme por qué no lo propusieron antes.