La inequidad territorial en la asistencia sanitaria es una realidad. Lo puso sobre la mesa la Asociación Española Contra el Cáncer en su último informe sobre las desigualdades que existen en la prevención y el acceso a los tratamientos según la comunidad en la que se resida, y Menorca lo sufre en parte del diagnóstico precoz oncológico por la falta de especialistas. Sin embargo los cribados y pruebas están disponibles pagando en las clínicas privadas. Esa discriminación por el código postal, como denunció la AECC, o por nivel de renta, está presente en otras patologías. El congreso Alergomenorca, que celebró el pasado fin de semana su sexta edición, hace años que lo viene denunciando cuando recuerda, con insistencia pero sin respuestas concretas aún por parte de Salud, que Balears da la espalda a los pacientes alérgicos al contar con un único especialista en esta materia, que está en Son Espases y no es un servicio independiente sino adscrito a otro, el de otorrinolaringología. Una especialista desbordada con las consultas a raíz de la vacunación contra la covid-19.
El presidente de la Sociedad Española de Alergología, Antonio Valero, a raíz de ese encuentro de especialistas en Menorca, lo dijo alto y claro, «quien tenga alergia en Balears, debe tener dinero para pagar la asistencia», y a partir de ahí, añadía, las clínicas privadas tienen el negocio asegurado. Porque las alergias son un problema de salud creciente. Uno de cada cuatro ciudadanos sufre en algún momento de su vida una enfermedad alérgica; algunas de estas crisis pueden tener consecuencias graves y en la mayoría de los casos, cuando una alergia no es diagnosticada o bien tratada, supone un peregrinaje por consultas médicas y una pérdida considerable de calidad de vida. Es incomprensible pues que no se atienda esta necesidad, máxime cuando hay un encargo de la Comisión de Salud del Parlament, que aprobó instar al Govern a impulsar este servicio público de alergología.