Reconocía el Consell la semana pasada un vez más su incapacidad para controlar la oferta de alquiler turístico, que no es sino la consecuencia de su absurda política de la zonificación. Según esta solo se puede alquilar vacaciones en los núcleos turísticos, mientras se excluyen las viviendas de los núcleos tradicionales, salvo que cuenten con licencias anteriores o se hallen en Fornells, una excepción de la que no se ofrece fundamento razonado.
En esencia, es una política derechona aplicada por un gobierno que presume de izquierda, pero que ciñe el gran negocio a quien tiene un chalé en la costa y priva del mismo a quien está dispuesto a utilizar su vivienda o arreglar alguna en desuso de carácter familiar para este fin unas semanas con el objetivo de obtener una legítima ganancia.
Con la política impuesta por el Consell no se distribuye la renta turística sino que la concentra en manos de los de siempre. En vez de adaptarse a una corriente imparable y obtener también la administración la parte del beneficio que le corresponde a través de una fiscalidad adecuada para invertir después en las infraestructuras necesarias, decide quién y dónde puede alquilar.
El resultado es que alquila todo el mundo, entendido por tal todo el que tiene algo disponible aunque no esté en los núcleos autorizados, pero solo pagan impuestos quienes pueden obtener la licencia de actividad sin reparo legal.
Desde un punto de vista más liberal, la actividad abierta previa declaración de la misma permitiría aprovechar mejor la corriente de negocio y, lo que parece más importante, el riego derivado de esa corriente sería más democrático, justo y eficaz con fórmulas más adaptadas a la realidad del mundo de hoy.
Poner diques normativos a la tormenta turística tiene el riesgo del desbordamiento inevitable.