El número de viviendas protegidas en Menorca presenta grandes diferencias en los ocho municipios de la Isla. No existe un criterio homogéneo ni de sentido común que explique la distribución del parque público de vivienda. Así, los tres municipios de levante -Maó, Sant Lluís y Es Castell- concentran el 70 por ciento de los pisos proyectados desde el 2019.
Antes de aquel año había 214 inmuebles de protección y ahora el Govern anuncia que pretende 210 más, entre lo que incluye los adjudicados recientemente en Maó, con quejas de los usuarios porque carecían de electricidad, agua caliente y otros servicios. Cuenta también el Ibavi los pisos que se construyen y los que están inmersos en distintas fase de tramitación.
De estos 210 pisos, casi la mitad se ubicarán en Maó, concretamente 94. Para la comarca de levante se han previsto 50 viviendas más. En cambio, si nos desplazamos a poniente, en el municipio de Ciutadella, que inauguró en julio de 2008 la última promoción de vivienda pública, el Govern sólo prevé ocho pisos, que ahora están pendientes de ser adjudicados. De ellos, siete son pisos expropiados temporalmente a grandes tenedores, y el otro fue adquirido por el Ibavi mediante tanteo y retracto. Para Ferreries, una única vivienda oficial.
Y ahora el Gobierno -Defensa lo vende por 1,32 millones al Ministerio de Agenda Urbana- se compra a sí mismo el solar de Vassallo, en Maó. Caben 44 pisos y una parte será para funcionarios destinados a Menorca.
La política de vivienda pública en la Isla debe ser coordinada por el Consell, porque hay una lista de espera de 559 demandantes, y el 70 por ciento no reside en la zona de levante. Pero cada alcalde hace la guerra por su cuenta y los más hábiles se llevan el gato al agua -perdón, la vivienda-, mientras otros municipios no las ven venir o no disponen del apoyo del primo de zumosol que abre las puertas en Palma y en Madrid.