El exceso sancionador de la llamada ley mordaza para evitar las protestas ciudadanas hace necesario el cambio legislativo que se está tramitando en las Cortes. La protesta es un derecho democrático, aunque por supuesto ha de tener los límites de la convivencia.
Me cuesta creer, sin embargo, que los socialistas, atenazados por sus pactos con fuerzas radicales, vayan a permitir la vuelta de acciones como las de ‘Rodea el Congreso' con la que un grupo de personas puede coaccionar físicamente a los representantes electos.
Cualquier gobierno y cualquier ley crean casi siempre personas descontentas y estas deben tener la posibilidad de protestar, pero no de acosar a los legisladores.
¿Qué pasará si son los bolsonaros patrios quienes ilegítimamente asalten un parlamento nacional o autonómico? Quizás suceda entonces como con el ‘jarabe democrático' que cuando se volvió en contra de su ideólogo, dejó supuestamente de ser democrático.
Ni las protestas trumpistas, chavistas, nacionalistas, de los toreros o de los afinadores de pianos deberían ser nunca una amenaza física para los políticos.
Tampoco sería bueno que, como hemos leído en la prensa, la nueva ley de seguridad ciudadana deje de castigar con dureza protestas vandálicas como las que se produjeron en Barcelona tras la sentencia del procés. Protestas cuyo único resultado tangible fue el de causar numerosos policías y manifestantes heridos, mobiliario urbano destruido, deterioro de la convivencia y, colateralmente, el notable ascenso electoral de Vox en las últimas elecciones generales.