A final de siglo iremos a la playa a principios de mayo, ahora lo normal es ir en julio y agosto». Así explica María José Guerrero, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en Balears, cómo evoluciona el cambio climático, con una subida de las temperaturas en las islas los próximos cien años que se estima de 5 grados, cuando el Acuerdo de París recomienda no superar la cota de un grado y medio. La temporada de playa ya está aquí, los datos son claros, las opiniones «libres», recuerda la meteoróloga, pero el calor excesivo, la falta de lluvia y la sequía son una realidad que amenaza el campo y el consumo humano.
El Govern lanza la alerta a los municipios para que tomen medidas, ya que podemos quedarnos sin agua este verano. Los ayuntamientos, últimos responsables del abastecimiento a la población, prevén avanzar el control del gasto de agua, cortar fuentes si las hay, reducir fugas –que aún son demasiado elevadas–, reconvertir zonas ajardinadas con plantas que soportan la sequía, reducir la presión en la red, pero todo eso es insuficiente si no hay una clara conciencia. Justo lo que no tienen aquellos que, como pueden pagar el recibo, abusan sembrando jardines propios del Cantábrico (el de antes al menos) y no de una isla mediterránea, que además es el territorio nacional con más número de piscinas por habitante, una por cada 9,8 personas en 2022. Sant Lluís prepara una ordenanza para afrontar esta situación, se ha fijado en esas horas nocturnas en las que el consumo se dispara porque funcionan los aspersores de los jardines en los chalés. Y estudia bonificar que sus propietarios cambien césped por plantas autóctonas o gravilla. Está bien tomar iniciativas pero ¿de verdad en lugar de conminar directamente al cambio, con tarifas mucho más altas por ejemplo, hay que subvencionar a quienes han abusado del recurso pensando que es ilimitado? No parece muy justo. Si se quiere realmente ahorrar agua, habrá que ser más contundentes.