Después de las elecciones del 28 de mayo, que en Balears perdieron los partidos de izquierda, el Govern Armengol en funciones desvió 16,3 millones de euros de la empresa pública Ports de les Illes Balears al Institut Balear de la Vivienda (IBAVI), otra empresa pública de la Comunidad Autónoma.
Esta cantidad debía destinarse a la compra de una promoción de 88 viviendas, que la constructora Metrovacesa había edificado en el Polígono de Levante de Palma, para destinarlas a alquiler social. El anterior Govern ejerció, la misma semana que iban a celebrarse las elecciones, el derecho de tanteo y retracto para adquirir estos pisos de alto standing y cerró la operación por 25,8 millones de euros.
Pero después se dio cuenta de que el IBAVI carecía de recursos suficientes para formalizar la compra y decidió recurrir a los recursos de Ports de les Illes Balears, previstos y presupuestados para otros fines y actuaciones en las infraestructuras portuarias que gestiona el Govern. En Menorca, los dos puertos de Ciutadella: Son Blanc y el histórico; y el de Fornells. Pero como la administración es muy lenta, garantista y las decisiones políticas -que dan grandes titulares- han de ir avaladas por informes técnicos, jurídicos y, sobre todo de Intervención, la compra de estas 88 viviendas no se llegó a firmar.
Por cierto, la existencia de una gran piscina, que forma parte de esta promoción en el barrio palmesano de Nou Llevant, motivó que se plantease taparla para evitar los costes de mantenimiento y prevenir otros problemas. Aquella operación que anunció la entonces presidenta Armengol 72 horas de los comicios que acabaron con el Govern del Pacte, será anulada ahora por el Govern de Marga Prohens, lo que permitirá a Ports de les Illes Balears volver a contar con liquidez para acometer los proyectos en marcha. El precio medio de cada una de las viviendas de Metrovacesa, calificado de gran tenedor por la ley de Vivienda del Pacte, era de 200.00 euros.