Que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno depende del voto de los independentistas catalanes y del PNV. Ya no se trata solo de negociar una complicada ley de amnistía que reconozca al Procés como un conflicto político. Ahora el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha planteado una revisión de la estructura territorial de España, hipotéticamente compatible con la Constitución, que pretende volver al punto de partida, a 45 años atrás, cuando el reconocimiento de las nacionalidades históricas dio pie a la España de las autonomías. Se trata de una nueva versión del plan Ibarretxe, que Zapatero y Rajoy archivaron tras un positivo debate en el Congreso. Lo que pretende Urkullu es que Euskadi, Catalunya, Galicia y Navarra tengan un trato distinto que el resto de comunidades. La descentralización se ha producido hasta ahora, en la mayoría de casos, con una misma dinámica. Se ha negociado con vascos y catalanes para investir a un presidente y después las mejoras pactadas se han trasladados a todas las autonomías. La cesión del 30 por ciento del IRPF en el pacto del Majestic entre Aznar y Pujol es un ejemplo de ello. El café para todos es un proceso irreversible. Y establecer diferencias solo ha de crear tensiones, alentar el populismo. Es pan para hoy y hambre para mañana.
Los menorquines también nos hemos beneficiado de estas dinámicas. Cuando PP o PSOE han necesitado el voto de Coalición Canaria sus acuerdos relativos a la insularidad nos han beneficiado.
El sistema autonómico ya da hoy un amplio margen de gestión. Basta indicar que el presupuesto de nuestra comunidad autónoma para este año es de 7.133 millones de euros. El problema es que la relación de las comunidades históricas con el conjunto del Estado no está resuelta. Y lo que es peligroso es intentar resolver este problema con una negociación para la investidura.