El periodismo es un ejercicio de alto riesgo... económico. Lean, si no, esta historia. El conductor de un coche se puso a derrapar y a hacer maniobras en dirección contraria a las 11 de la noche en un aparcamiento de Maó. Los vecinos avisaron a la Policía Local y el hombre fue detenido in situ e identificado. Resultó que había bebido: la tasa de alcoholemia era el triple de lo permitido. Miguel Juan Urbano, periodista del diario Menorca, tuvo conocimiento del suceso y publicó lo ocurrido a partir del informe policial. Fue una noticia de apenas cien palabras, a modo telegráfico, sin comentarios ni valoraciones. Urbano omitió incluir el nombre o las iniciales del infractor, sólo dijo que era un español de 22 años. Todo normal. Posteriormente, el joven fue juzgado y condenado a la retirada del carnet de conducir vehículos a motor durante dos años, a una multa de 4 euros diarios durante siete meses y 10 días, y a pagar las costas del juicio.
La sentencia es firme. Esta es la función de la prensa, revelar lo anómalo que trasciende en nuestro ámbito de proximidad. O debería serlo, porque resulta que el conductor ha denunciado a Urbano por difamación. Asegura el infractor que la publicación le ha causado problemas laborales. Urbano ha sido citado a un acto de conciliación, que es el paso previo a la interposición de una querella por calumnias, si el juez la admite a trámite. Es decir, que el infractor, a quien no se nombra, intenta sacar tajada de su mal comportamiento. Y una tajada de 12.000 euros, nada menos. Yo diría que esto es de locos, pero en el mundo en el que vivimos, cualquiera se atreve a escribirlo.