Vox solo se arrodilla ante Dios. Lo dijo Idoia Ribas con su partido convertido en omnipotente: de ellos dependía la aprobación de los presupuestos autonómicos y, con el dinero, toda la gestión del Govern. Los populares tuvieron que tragarse una retahíla de imposiciones para poder sacarlos adelante después del bloqueo de su socio de investidura a la tramitación hace un par de meses. Entre las exigencias ha estado la indecorosa decisión de reformar el impuesto de patrimonio para que los ricos paguen menos y la clase media siga sosteniendo el país.
Los millonarios son los protegidos. La exención del pago del impuesto ha pasado de 700.000 euros a tres millones, excluida la valoración de la vivienda habitual, que en Baleares y para los grandes acaudalados debe tener un valor de varios millones más, porque no los veo viviendo en un pisito VPO. Todos estos forrados quedan liberados y aportarán cero euros por su patrimonio. A los que tengan más de tres millones, el Gobierno les rascará algo con el impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que el Tribunal Constitucional avaló tras el recurso de cuatro comunidades gobernadas por el PP. Aunque este gravamen sólo está previsto para 2023 y 2024, así que desaparecerá con la misma rapidez con que se implantó. Curiosamente, según una nota de prensa de Moncloa, en septiembre de este año únicamente aparecían nueve declarantes en Baleares, con una aportación tan ridícula del total que se traduce en 0,0%. Raro, raro.
Total, tampoco somos los más dadivosos gracias al sinsentido de la disparidad reglamentaria de las autonomías. En Andalucía, Extremadura y Comunidad de Madrid los ricos no pagan nada. En Murcia también se han sumado a la rebaja del límite de exención con un poco más de chulería, hasta los 3,7 millones. Habían anunciado la eliminación, pero se han echado atrás, como en Cantabria.
Las cuentas son claras. Con la modificación de la medida Murcia y Cantabria dejarán de ingresar 20 y 25 millones de euros, respectivamente. Calderilla comparado con el agujero que se abre en las arcas públicas de Baleares, donde se perderán unos 70 millones de euros. Si esto parece peccata minuta, veamos un ejemplo ilustrativo: la movilidad interurbana le cuesta al Govern unos 17 millones y beneficia a más de 300.000 pasajeros residentes, que hicieron 22 millones de viajes en 2022, cifra que alcanzará récord en 2023. Porque la buena noticia es que la gente usa mucho el transporte público desde que es gratuito. Con la recaudación del impuesto de patrimonio de un año podrían pagarse cuatro años de transporte público para los residentes.
PSOE y Sumar acaban de anunciar bonificación para todos el próximo año, pero sólo hablan de rebaja. A ver si el pueblo llano puede seguir viajando en transporte público gratis, que los ricos ya se mueven en coches de lujo, yates y aviones, también exentos de fiscalidad. Porque nadie apoyó la valiente propuesta de Més per Mallorca a principios de año, ni siquiera el PSIB o Podemos, reclamando un impuesto sobre bienes de lujo no productivos. Que pague el plebeyo y se arrodille ante las fortunas.