La vivienda, o mejor dicho, la tremenda dificultad para acceder a ella, ha sido uno de los problemas más acuciantes de 2023. En Menorca además se vive la paradoja de que una de cada siete viviendas existentes está cerrada, porque al ser destino turístico y vacacional, hay un elevado número de segundas residencias. La ley de la oferta y la demanda se impone, hay pocos pisos en el mercado, el que los pone en alquiler pide lo que desea y aplica un severo filtro a los posibles inquilinos, y las medidas aprobadas hasta ahora, encaminadas a proteger a los arrendatarios, no están funcionando como debieran.
Todos sabemos de casos que son la cara y la cruz de esta moneda. Propietarios con experiencias de okupación, destrozos, impagos y el temor a no poder recuperar sus viviendas si estas han sido alquiladas a personas con mala fe, y no todos ellos son grandes tenedores o especuladores. Del otro lado, quién no conoce a personas que deben abandonar sus casas cuando llega la temporada, que viven en una habitación pagando lo que antes costaba un piso entero, algunos sin ni siquiera derecho a empadronarse, y todo eso con suerte, pasando un casting que muchas veces se salta por alto cuestiones básicas sobre la protección de datos: enseñar la nómina aun antes de visitar la casa, por ejemplo. Con la ley de vivienda se protege más a los inquilinos, se limita la subida de la renta al 3 por ciento en 2024 y esas actualizaciones ya no se vinculan al IPC sino al Índice de Garantía de Competitividad. Otra medida estrella es que se blinda un año más el desahucio de familias vulnerables.
Sin embargo todo ello ha hecho que la oferta de vivienda caiga en picado, que se pongan obstáculos antes impensables, como no alquilar cuando hay niños, en previsión de complicaciones futuras para desalojar. Es una escalada sin fin en la desconfianza que hay entre las dos partes del contrato de alquiler, y parece que poco o nada va a cambiar en el año que ahora estrenamos.