Comenzó con el vandalismo de siempre en las fronteras con Francia y las ‘TomatoWars', como bautizó el chef José Andrés a las ridículas declaraciones de la exministra gala Ségolène Royal afirmando que «lo ecológico español es falso», cuando toda producción europea sigue las normas que dicta Bruselas. Desconocimiento o mala baba, ya es igual, lo cierto es que la mecha que empezó contra los camiones españoles en Irún y Le-Boulou ha prendido con fuerza y se extiende el fuego en un campo seco y cansado.
Hartos de que les paguen cuatro céntimos por sus productos para luego verlos en los supermercados a precios desorbitados que muchos consumidores no se pueden permitir. Hartos también de regulaciones que no se aplican a los alimentos que llegan de fuera de la UE sin cumplir las mismas normas. Es competencia desleal en toda regla, a la que contribuimos los ciudadanos de a pie cuando, para llenar la nevera, tenemos que guiarnos por los precios, y encontramos que los espárragos llegan de Perú, los tomates y aguacates de Marruecos y las bananas de Costa Rica.
Es nuestra parte de culpa, aunque justificada, y hay que asumirla y corregir hábitos. Es obvio que en esos países los productores seguirán sus propias normas, no las europeas, por lo que no es extraño que nuestros agricultores estén rebotados, con el agua al cuello, cansados de burocracia para ir tirando de subvenciones. ¿Cómo van a tener relevo generacional? Estas protestas tienen que servir para cambiar algo. Para hacer que el campo sea rentable pero sin cargar sobre el otro eslabón débil de la cadena, el consumidor, asfixiado por la inflación. Hay grupos de intermediación y distribución, callados en estos días de tractoradas, que tienen mucho que ver en la escalada de precios de productos básicos. Habrá que incidir en eso y al mismo tiempo, que la UE proteja lo que se cultiva dentro de su mercado único, aunque tengamos que comer fresas en época de fresas, y no cuando se nos antojan.