El gobierno central está tomando medidas para abordar el grave problema de vivienda que actualmente afecta a la sociedad española. En la Ley 12/2023, de 24 de mayo (BOE, 2023), sobre el derecho a la vivienda, se reconoce el escaso desarrollo de los parques públicos de vivienda (conocidos como vivienda social) en comparación con otras economías avanzadas de la Unión Europea. La ley apuesta por desarrollar parques públicos de vivienda en terrenos de propiedad estatal; y, para lograrlo, se busca establecer fórmulas de colaboración público-privada (CPP).
La colaboración público-privada comenzó a desarrollarse en la década de 1990, y constituye un acuerdo contractual a largo plazo en el que el sector privado proporciona (construye y en ocasiones gestiona) activos y servicios públicos que tradicionalmente habían sido financiados y proporcionados directamente por el gobierno (hospitales, escuelas, prisiones, carreteras, puentes y túneles, ferrocarriles, plantas de agua y saneamiento, etc.). Ciertamente, estos acuerdos están abriendo nuevas áreas y oportunidades de negocio para muchos grupos empresariales.
Los defensores de la CPP sostienen que, al utilizar recursos y experiencia del sector privado, las administraciones públicas pueden mejorar la cantidad y la calidad de la prestación de servicios públicos. También argumentan que el sector privado es más eficiente y está mejor capacitado para prestar servicios públicos, incluidos el suministro de energía, educación, salud, agua y saneamiento.
Se supone que la CPP resuelve las limitaciones financieras y la mala gestión inherente a la administración pública. ¿Pero realmente es tan mala la gestión en la administración pública? Yo no estoy tan seguro. Y si lo fuera, la solución debería pasar por que el gobierno acelerara el aprendizaje y la adquisición de las capacidades necesarias para diseñar y gestionar estos proyectos, especialmente en ámbitos como la vivienda, la educación y la salud, que son los pilares del bienestar de una sociedad. Por otro lado, lo de que la CPP resuelve las limitaciones financieras del gobierno tampoco está claro. En los casos de grandes obras públicas, estas aparentemente son financiadas y construidas por el sector privado; sin embargo, posteriormente, el sector público paga una tarifa fija durante la vigencia del contrato de la CPP. En ocasiones, como en el caso del túnel de Sóller, los usuarios también pagan parte o la totalidad de la tarifa directamente a la empresa privada. Por lo tanto, si bien puede parecer que las CPP permiten a la administración pública recaudar nuevos fondos, la financiación del proyecto termina proviniendo de los presupuestos gubernamentales y/o de los usuarios finales. Como los proyectos de CPP se registran fuera del balance del gobierno, no tienen un impacto en las cifras oficiales de déficit y deuda pública. Entiendo que esto sea atractivo para el gobierno, dadas las estrictas reglas fiscales europeas que ahora Bruselas quiere reactivar. Pero no deja de ser engaño, pues se genera deuda pública oculta.
En resumen, no veo razones claras y sólidas para promover la colaboración público-privada en la construcción de vivienda social. La vivienda social ha adquirido tal relevancia que se ha convertido en una cuestión de Estado. Y ahí debería pintar poco el sector empresarial privado. De lo contrario, mal vamos.