Poner freno al alquiler turístico ilegal, práctica cada vez más extendida en cualquier parte del país receptora de turistas, se ha convertido en una de las obsesiones del gobierno insular y de los partidos en general. Están convencidos de que esta actividad no regulada contribuye a desequilibrar las infraestructuras y los recursos de que dispone un territorio tan pequeño como el menorquín, al tiempo que provoca el fenómeno de la gentrificación en perjuicio de los propios residentes por el incremento de precios.
La nueva iniciativa para perseguirlos implica a los propios agentes del orden, es decir, policías locales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (guardias civiles y policías nacionales).El Consell les pide que presten su colaboración para descubrir al arrendatario pícaro que alquila lo que no puede alquilar.
La solución que ya se ha tratado en reuniones plenas de sonrisas y buenas deseos choca, sin embargo, con la realidad de las dotaciones policiales que hay en la Isla.
Faltan agentes locales en todos los municipios, situación agravada en Maó, Ciutadella o Es Migjorn, por ejemplo. Hay pueblos en los que ni siquiera se pueden cubrir todos los turnos por falta de efectivos. Las comisarías del CNP de Ciutadella y Maó, y la Guardia Civil tienen decenas de vacantes desde hace años lo que provoca que en ocasiones no atiendan con la celeridad requerida los servicios que se presentan... y así podríamos continuar enumerando tantas carencias.
Por tanto, sería más conveniente que antes de plantear esta colaboración para perseguir el alquiler ilegal, tanto la Dirección Insular del Estado como las administraciones insular y local extremaran la presión para que lleguen más policías nacionales y guardias civiles a Menorca, y se convoquen oposiciones para proporcionar policías locales suficientes. Pedirles a los que hay que se impliquen en otro cometido que no es el suyo, con todo lo que tienen que atender en verano no parece lo más aconsejable.